Cuando Riyadh aumenta la producción, Lima respira

La OPEP+ históricamente actuó como estabilizador global, cediendo cuota frente al shale estadounidense, pero en 2025 cambió de apetito y empezó a revertir los recortes aplicados en 2023. Este año devolvió 2,2 millones de barriles por día (mb/d) y avanzó en la restitución de otros 1,66 mb/d, un giro que presiona a los productores No-OPEP+. Al 29 de noviembre, el Brent ronda los US$ 63/barril. ¿Por qué debería importarle al Perú las decisiones tomadas en Viena o Riyadh? Porque somos altamente vulnerables: producimos 45 mil b/d en 2025, menos de la mitad que en el 2000, e importamos más de 120 mil b/d de crudos y 160 mil b/d de combustibles. Esta dependencia incide en inflación, presupuesto y competitividad. El contexto de precios a la baja abre una ventana para fortalecer la política energética mediante una agenda de inventarios estratégicos, infraestructura crítica, masificación del gas natural, electrificación costo-efectiva, renovables con transmisión y almacenamiento, diversificación de suministros y la reactivación del upstream. Así reduciremos la factura de importaciones que afecta a hogares y empresas.

El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado para amortiguar variaciones del petróleo mediante bandas definidas por Osinergmin, opera de manera asimétrica: subsidia cuando el crudo sube y casi nunca recibe aportes cuando baja, porque las bandas se ajustan siguiendo la tendencia internacional. Desde 2004, los ingresos han sido excepcionales y el fondo se ha financiado sobre todo con gasto público. A esto se suman una metodología opaca, un cálculo semanal que limita ajustes y la ampliación de coberturas entre 2022 y 2025. Como mostró El Comercio, el FEPC supera los S/ 5.000 millones en costos y el MEF ya inició su desmantelamiento por ser insostenible y poco focalizado. Aunque la baja internacional no genere aportes, sí reduce la inflación energética: los precios internos muestran correlaciones cercanas al 90% con el Brent, salvo el gas doméstico, más ligado a la logística y a la oferta de Camisea. En conjunto, el FEPC se ha vuelto un esquema costoso y en retirada, que brinda protección limitada y nos expone a la volatilidad internacional.

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¿Entonces, esta subvención energética es una transferencia para los consumidores finales desde el Estado? No del todo. El traslado es parcial, especialmente en el GLP envasado, donde la informalidad hace que gran parte del subsidio quede en intermediarios. Resulta más eficiente pensar en transferencias directas y trazables, como un Bono Energético focalizado, y orientar la política fiscal hacia un esquema moderno. Chile y Noruega ofrecen modelos útiles: fondos soberanos que ahorran en bonanza y financian infraestructura estratégica. El Perú podría fortalecer el Fondo de Estabilización Fiscal, limitar el FEPC a choques extremos y crear un Fondo de Transición y Seguridad Energética. Blindar al país frente a la volatilidad del petróleo es indispensable para construir un sistema energético más competitivo.

Las opiniones en este artículo son estrictamente personales y no representan, bajo ninguna circunstancia, la posición de la institución para la que trabajo.