"El Plan Nacional de Productividad y Competitividad debe ser apuntalado y ejecutado progresiva y consensuadamente sin dilaciones", señala Marthans. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
"El Plan Nacional de Productividad y Competitividad debe ser apuntalado y ejecutado progresiva y consensuadamente sin dilaciones", señala Marthans. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
/ Giancarlo_Avila
Juan José  Marthans

Pues bien, las cosas están más claras hoy en día. Estamos dejando atrás los permanentes conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo, opera la del , del Congreso, se mantienen operativas todas las instituciones, las fuerzas policiales no han tenido que actuar violentamente en momento alguno. Todo esto en donde la sensación y opinión mayoritaria en el frente externo e interno es que se ha respetado la Constitución.

Se han perdido tres años. El capricho, el resentimiento, la falta de visión propia de estadistas, la angurria y el desinterés por las reales necesidades de los segmentos más vulnerables se hicieron sentir.

Varias reflexiones en el lado económico a partir del nuevo escenario político.

Primero, aunque las realidades no se repiten idénticamente en la historia, no es primera vez que nuestra economía enfrenta una suerte de “terremoto político”. Ya lo hizo cuando renunció un presidente por fax, cuando se adelantaron las elecciones a partir de una enmienda de urgencia a la Constitución, cuando operamos sin siquiera una Comisión Permanente congresal. En el 2001, a pesar de todo el desarreglo político, nuestra economía creció. Lo mismo sucedió estos tres últimos años. Lo único mediocre que reconozco en dicho escenario es el desempeño de nuestro frente político, la economía respondió estoicamente a las circunstancias.

Segundo, ahora se dispondrá de cuatro meses para, sin mayores obstáculos, emitir una batería de decretos que permitan viabilizar la aceleración urgente de nuestra actividad económica. Es conocido, a modo de breves ejemplos, que deberemos mejorar la capacidad de gestión en torno a la aún pendiente reconstrucción del norte del país. Es necesario impulsar creativa y transparentemente los megaproyectos claves hoy paralizados por cuestionamientos ligados a la corrupción misma. Resulta vital reinstaurar el principio de autoridad a efectos de evitar que los problemas socio-ambientales ligados a la minería no comprometan nuestra actividad económica.

Tercero, se abre la posibilidad de encausar, consensuadamente con todos los frentes políticos que participen en las próximas contiendas electorales, un conjunto de reformas estructurales aún pendientes. El Perú ha basado su éxito en función de fundamentos que aplaudimos y debemos sostener, pero el Perú no progresará más en un contexto en el que el mercado laboral aún requiere ampliar el alcance del régimen agroexportador, donde el sistema pensionario necesita ordenarse o donde se tiene que apuntalar la institucionalidad en todos sus frentes. Para resumirlo, el Plan Nacional de Productividad y Competitividad debe ser apuntalado y ejecutado progresiva y consensuadamente sin dilaciones.

Cuarto, se iniciará una labor delicada sin haber exterminado al principal de nuestros males: la corrupción. Esta corrupción hará lo imposible por demostrar que se ha roto la constitucionalidad, que los corruptos son los que quieren reordenar el país, que existe crisis económica y recesión. El frente empresarial deberá evitar que el clima económico sea minado por lo peor de nuestro frente político.

Estos cuatro meses, por lo tanto, son un reto, pero también una tremenda oportunidad para empezar a hacer las cosas correctamente, para alejar a la corrupción, para evitar que nuestra población se sienta desatendida, como ocurrió en estos últimos años.