"Un debate sobre AFP mal informado", por Eduardo Morón

En el informe sobre pensiones hecho público la semana pasada, hay varios errores de cálculo. El primero es suponer que la gente voluntariamente ahorraría para su jubilación y por ello no hay necesidad de exigir que las personas tengan la disciplina impuesta de ahorrar poco pero de manera consistente para tener una pensión de jubilación razonable en su vejez.

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Citan el trabajo de Webb como evidencia. Pregunta para todos: ¿y qué pasa si esa persona que es la principal proveedora de ingresos, y por lo tanto de capacidad de ahorro, queda inválida o, peor aun, fallece? ¿Había ahorrado para dicha eventualidad?

Mientras que un afiliado al sistema de pensiones sí tendrá derecho a una pensión en ese caso, el no afiliado será una carga para su familia. No solo se trata de que ahorren, sino de cómo lo hacen.

El segundo error, ligado a lo anterior, es que calculan la rentabilidad neta de los fondos del costo de comisiones, pero incluyen el costo de administración y el costo de tener acceso al seguro de invalidez y sobrevivencia. Incluyen el costo pero no el beneficio del seguro. Así es fácil decir que no funciona.

Este cálculo es crítico para juzgar a un sistema de pensiones de cuentas individuales porque lo que le importa al afiliado es cuál será su pensión de jubilación. La manera como se juzga la bondad o eficiencia de un sistema es mirar qué tasas de reemplazo otorga. La tasa de reemplazo es la pensión de jubilación como porcentaje del salario neto de impuestos que recibía el trabajador. El informe usa el salario bruto. 

Un diagnóstico correcto de cualquier sistema de pensiones exige evaluarlo cuando este ha alcanzado su madurez y no cuando está en transición. Hoy, a 21 años de creación del Sistema Privado de Pensiones (SPP), no hay nadie que haya pasado sus 45 años de vida laboral aportando.

Esa parte del trabajo ofrece un resultado interesante: la tasa de reemplazo seguirá subiendo en los próximos años y para cuando el sistema alcance su madurez se estabilizará en alrededor de 60%. En castellano, esto significa que las pensiones que ofrece el SPP son cercanas al 60% del sueldo que recibíamos. Nada mal considerando los errores en el cálculo de la rentabilidad y salario neto. Si ese es el resultado, la conclusión lógica no puede ser que el mecanismo para otorgar pensiones no funciona y, por lo tanto, debe hacerse voluntario el aporte. La conclusión correcta es que el SPP otorga pensiones razonables a quienes aportan de manera frecuente.

El verdadero problema es que en el SPP conviven dos tipos de afiliados: los que aportan regularmente y los que aportan una o dos veces al año. Estos últimos son trabajadores que no siempre están en el mercado formal y por ello su frecuencia de aportes es baja y, en consecuencia, su pensión será baja. ¿Ese problema es producto del sistema? No. Eso es producto de la falta de convicción de nuestros gobiernos en atacar frontalmente el principal problema no resuelto del Perú: la informalidad laboral. Haciendo voluntario el aporte no se soluciona el problema de cobertura ni el de informalidad.

Esa falta de convicción condena a un gran segmento de la población a no tener pensiones adecuadas para su vejez, los condena a tener que trabajar hasta el día de su muerte, a no tener jubilación. Un debate orientado por un diagnóstico errado es estéril y hasta peligroso.