Los desafíos por delante, por Alonso Segura

Si bien aún estamos en la etapa de respuesta y atención a los damnificados del desastre, la magnitud de las tareas, tanto en la reconstrucción como –sobre todo– en la prevención futura, es algo que ya debe plantearse. Follow@EconomiaECpe

Aún no se sabe con exactitud la magnitud del daño económico –además del humano– que va a dejar El Niño costero. Lo que sí sabemos es que va a ser significativo. El primer ministro Fernando Zavala ha señalado que se requiere rigurosidad por parte de los analistas en los estimados del daño generado y, por tanto, en el costo de rehabilitación y reconstrucción, en la medida que se especula con todo tipo de cifras.

Tiene toda la razón. Por ello, es importante que sea el Gobierno el primero en mostrar coherencia, transparencia y rigurosidad en las cifras, estimados y mensajes que transmite con respecto a la situación de las finanzas públicas y las implicancias futuras para estas de los compromisos adicionales que se añadan.

La meta de déficit fiscal de 2,5% de este año no se iba a cumplir ya antes del desastre. Y ahora enfrentamos demandas de gasto e inversión para restaurar la infraestructura afectada y apoyar a los damnificados. Además, se requieren proyectos que reduzcan la evidente brecha de prevención que tenemos como país para mitigar riesgos futuros. Por ello, llama la atención que, sin tener claridad sobre la magnitud de los compromisos que todo esto genera, el Gobierno siga prometiendo obras, como es el caso de adelantar y lanzar en simultáneo las líneas 3 y 4 del metro de Lima –que deben bordear los US$10 mil millones– y continuar con los Juegos Panamericanos, entre otros anuncios recientes. Todo esto demanda sustanciales recursos por varios años. Es decir, hablamos de consecuencias fiscales multianuales.

Por ello, que el país cuente con fuentes de financiamiento para una emergencia, como líneas de crédito para desastres o el Fondo de Estabilización Fiscal que puede usarse en estos casos, no significa que tengamos espacio fiscal para todo. Debemos usar los recursos juiciosamente. La primera prioridad, seamos claros, debe ser la reconstrucción, así como acciones y proyectos que mitiguen riesgos futuros, como el trabajo en ciudades, incluyendo drenajes pluviales y reubicación de poblaciones fuera de zonas de riesgo no mitigable. Y esto sin siquiera hablar de prevención contra sismos, sequías o friaje.

Ello requiere de un reordenamiento profundo de prioridades presupuestales. Posiblemente se requieran trayectorias de gasto y déficit fiscal algo mayores a lo estimado previamente, pero una parte importante de los recursos debería salir de esta repriorización, por no decir de la identificación, en caso necesario, de fuentes de ingresos adicionales transitoriamente. Tenemos que reconstruir y reducir vulnerabilidades, pero sin sacrificar nuestra credibilidad fiscal. No sobreestimemos nuestra capacidad para absorber endeudamiento.

El reto no es solo de recursos. En términos logísticos, de planeamiento y de articulación, la tarea es ardua. Por ello, proponer otras obras de infraestructura complejas solo va a distraer y estresar la capacidad de respuesta de un Estado que ya enfrenta cuellos de botella. Una parte puede entregarse al sector privado vía asociaciones público-privadas (APP). Pero esto no soluciona el problema, solo lo mitiga, pues el Estado también asume obligaciones en las APP, en el planeamiento y diseño, en la etapa previa a obras y en la de ejecución, incluyendo la problemática y controversias que usualmente surgen. Para muestra un botón: la adenda de Chinchero. 
Este desastre ha desnudado, además, las graves deficiencias de la descentralización de nuestro país, incluyendo las bajas capacidades de gestión y de priorización en un gran número de gobiernos regionales y locales. Hay que repensar muchas cosas. Es al Gobierno Nacional, con el apoyo del Congreso, a quien le toca acometer esta tarea y plantear correctivos.

Que las tareas de reconstrucción y prevención nos sirvan, también, para construir institucionalidad y capacidades en el Estado Peruano.

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