El concepto de desigualdad en la distribución de la riqueza suele utilizarse de manera imprecisa y, en muchos casos, equivocada. Frecuentemente, cuando se habla de desigualdad, en realidad se está aludiendo al problema de la pobreza, conceptos distintos que suelen confundirse deliberadamente para darle un uso político.
Usualmente las políticas redistributivas parten de una premisa equivocada: concebir la economía como un juego de suma cero, bajo el cual la riqueza de unos solo puede conseguirse a costa de otros. Esta visión ignora que la riqueza no es una “torta fija”, sino un proceso dinámico de creación constante, impulsado por la innovación y el emprendimiento.
La desigualdad es perfectamente compatible con un aumento generalizado del bienestar. Una sociedad puede experimentar un incremento en la desigualdad y, al mismo tiempo, mejorar los ingresos de todos sus ciudadanos, aun cuando estos crezcan a ritmos distintos. Lo relevante no es la comparación relativa entre individuos, sino que el conjunto de la sociedad avance.
La riqueza no le pertenece a un Estado ni a una abstracción colectiva, sino a cada uno de los individuos que la crea mediante su ingenio, esfuerzo y trabajo, ofreciendo bienes y servicios valorados libremente por otros. Cualquier intento de redistribución coercitiva implica una expropiación de esa riqueza legítimamente obtenida. En una verdadera economía de mercado, la desigualdad refleja las diferencias en la contribución de valor y no constituye, por ello, un fenómeno inmoral. La desigualdad no implica explotación cuando surge de la generación de valor en intercambios voluntarios.
Los padres fundadores de Estados Unidos diseñaron, inspirados en John Locke, un modelo de organización política que no se basó en la búsqueda de la igualdad económica, sino en la igualdad política y jurídica. Asimismo, liberaron al individuo de un Estado opresor y limitaron su rol a la protección de sus derechos. Este arreglo institucional permitió el florecimiento de la creatividad y la innovación de sus ciudadanos y, ergo, de sus oportunidades de desarrollo personal, lo que ocasionó un crecimiento económico sin precedentes.
Políticas que castigan la creación de valor, bajo el pretexto de combatir la desigualdad, solo desincentivan la inversión y reducen las oportunidades que se buscan generar. Todo gobierno debe poner énfasis en políticas que promuevan el crecimiento económico, ya que, según Bertrand de Jouvenel, a mayor énfasis en la redistribución, esta deja de ser una transferencia de ingresos de los más ricos a los pobres para ser una de poder del individuo al Estado. El dilema es dónde trazamos esa línea divisoria.
No es objetable una sociedad desigual cuando la desigualdad surge del fruto del mérito y la creación de valor en un entorno de libertad. ¡Lo que es nocivo es una desigualdad nacida de privilegios, favores políticos y uso discrecional del poder estatal, que sí erosiona la confianza, la eficiente asignación de recursos y el desarrollo sostenible!
