Durante más de 20 años rentabilidad promedio del SPP fue de 12%
Durante más de 20 años rentabilidad promedio del SPP fue de 12%
Santiago Dávila Philippon

El presidente del ha reclamado que se destrabe la economía para facilitar las inversiones. El reclamo no es nuevo, aunque sí es generalizado. El lo viene reclamando desde buen tiempo atrás. Incluso los mismos funcionarios públicos sufren por la tramitología que enfrentan en otras instituciones públicas.

Algo se ha querido hacer desde el Ejecutivo, pero a punta de liderazgos personales, de alcance restringido (solo para grandes inversiones) y no como parte de una política de Estado. Comienza con el ministro Carranza, quien se llevó el Consejo Nacional de la Competitividad de la (PCM) al y continúa con el ministro Castilla y la creación del equipo de destrabe de inversiones, del cual sale el actual ministro de economía, Alonso Segura.

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Pero digo que son esfuerzos aislados, que no corresponden a una política de Estado, porque desde el Congreso no se acompañan estas iniciativas. De hecho, es el Congreso el que impone varias regulaciones al mercado sin hacer un adecuado análisis costo-beneficio de las normas, que luego se convierten en trabas a la inversión. Y es ahora el Congreso, que sigue sin debatir un proyecto de ley que podría destrabar algunas grandes inversiones y que fue enviado por el Ejecutivo en octubre del año pasado.

Pero el problema de fondo está también en el propio Ejecutivo. Hay dos organismos dentro de la PCM, desde donde debería haberse (hace tiempo) comandado la reforma del sector público (y con ello lo de la tramitología) que no han funcionado: la Secretaría de gestión pública y la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico. Ambos no tienen dientes y han estado sujetos a los vaivenes de los 7 cambios de titular en la PCM de este gobierno.

Y a este problema habría que añadir a los gobiernos regionales y locales, para los que los trámites son una forma de recaudación, más que un servicio al público.

Para destrabar hay que atacar en dos frentes. En el mediano plazo, la solución es emprender hoy una reforma del Estado que vaya . Paralelamente, en el corto plazo, se debe sujetar la transferencia de recursos financieros y la permanencia de los titulares de los organismo públicos al cumplimiento de metas concretas de simplificación de trámites. Como ocurre en las empresas cuando no se alcanzan las metas: el que no cumple debe irse.

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