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El diablo está en los detalles [OPINIÓN]

La Ley General de Minería fue promulgada en 1981, cuando PPK ocupó la cartera de Energía y Minas

El diablo está en los detalles [OPINIÓN]

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El presidente electo Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ha adelantado que solicitará facultades legislativas al Congreso para promover la reactivación de la economía. La ocasión puede ser propicia para revisar la Ley General de Minería (LGM), pues en muchos aspectos ha quedado desfasada.

Recordemos que la LGM fue promulgada en 1981, cuando PPK ocupó la cartera de Energía y Minas durante el gobierno de Belaunde. En la década siguiente dicha ley fue objeto de una serie de reformas para fomentar la inversión privada en el sector minero y generar mayor seguridad jurídica para la exploración. Esto tuvo como resultado la puesta en marcha de proyectos en distintos puntos del país; el más importante de ellos, la mina Yanacocha en el departamento de Cajamarca. 

Muchas cosas han cambiado desde entonces. En años recientes, los montos requeridos para la construcción de un proyecto se han multiplicado. Basta notar que Yanacocha demandó una inversión inicial de unos US$60 millones, mientras que en las Bambas se habría llegado a los US$10.000 millones.

Por ello se hace necesario adecuar la LGM a la nueva realidad. Uno de los problemas es que las normas tributarias que contiene fueron diseñadas para inversiones de menor magnitud y, paradójicamente, lo que en su momento habría sido concebido como un beneficio podría terminar siendo contraproducente y convirtiéndose en un disuasivo para la inversión minera en el país.

Por ejemplo, miremos la regla que permite deducir los gastos de desarrollo en un plazo máximo de solo tres años. Todo indica que buscaba que las empresas dispongan de mayores recursos financieros en el corto plazo, a través de una reducción en el pago de su Impuesto a la Renta. 

Pero, en la práctica, la deducción como gasto o amortización en esa etapa del proyecto resulta completamente inútil, por la obvia razón de que las mineras en fase de desarrollo no obtienen rentas al no haber iniciado producción. Peor aun, ese tratamiento podría hacer que no puedan recuperar las pérdidas que tales gastos generen, en caso no obtengan rentas suficientes para absorberlas en los cuatro años inmediatos siguientes, salvo que se hubiera elegido el sistema de arrastre ilimitado. Ante esta situación, lo más razonable sería diferir los gastos de desarrollo hasta el ejercicio en que se inicia la explotación del yacimiento.

Como dice el refrán, el diablo está en los detalles. El gobierno de PPK no debe descuidar ninguno, si lo que se quiere es que a la inversión minera le convenga apostar por el Perú más que ir a otros lugares. 

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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