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Sebastián Gamarra

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Las crecientes dificultades para lograr el ingreso y comercialización de diversos productos farmacéuticos y dispositivos médicos, así como las presuntas irregularidades surgidas durante el procedimiento de aprobación de las vacunas contra el COVID-19 han puesto sobre debate la eficiencia y transparencia de las autoridades de salud y en particular de la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas ().

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Se ha sugerido recientemente que la carga normativa, demora en plazos y otros graves problemas que afectan a DIGEMID provienen del esquema regulatorio vigente y que la solución está en optar simplemente por un modelo mucho más desregulado, otorgando a dicha entidad un papel menor en la supervisión y control del sector.

Sin embargo, el sector farmacéutico constituye un mercado que típicamente requiere de regulación, tanto por la asimetría informativa derivada de la complejidad de los bienes como por las restricciones de oferta originadas en los derechos de propiedad intelectual involucrados. Por tanto, antes que una desregulación plena debemos apuntar a una regulación inteligente y moderna, que promueva un mayor acceso y disponibilidad de productos, la disminución de barreras y la protección de la seguridad de los consumidores; sin que, por otro lado, se llegue a un esquema de control de precios (que resultaría inconveniente por diversos factores técnicos y legales).

Para ello, lo que en realidad necesitamos es una nueva autoridad de control, una muy distinta a la que actualmente tenemos. Hoy por hoy Digemid funciona como un órgano adscrito que responde a las directrices, políticas y administración del Minsa y que carece en gran medida de los recursos y la autonomía apropiados para generar un escenario de simplificación administrativa que se combine a la vez con un control efectivo del mercado y sus agentes.

A partir de esta reforma, urge crear un nuevo regulador con las mismas condiciones de independencia y atribuciones que las de los organismos reguladores de servicios públicos. Esto se traduciría principalmente en que: (i) el nombramiento del directorio se realice a través de un concurso público auditado, (ii) se mejoren los mecanismos de transparencia y control ciudadano, (iii) se manejen de forma más directa los recursos económicos y, sobre todo, (iv) se desarrolle una estructura de carrera pública y especialización que ayudará a responder mejor a las demandas ciudadanas y requerimientos de la industria. Por ahora esta propuesta resulta ajena a los candidatos. Esperemos que pronto se piense más en ello.

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