Keiko Fujimori heredará un Estado acostumbrado a empezar de nuevo. Hace 20 años, que uno de los funcionarios más importantes del país durara menos de seis meses en su cargo solo ocurría en el 15% de los casos. Hoy, sin embargo, el 59% se marcha antes de cumplir medio año. Para ponerle en buen cristiano: antes de terminar de instalarse y entender los problemas, la mayoría de los altos funcionarios ya está recogiendo sus cosas.
Para dimensionar este fenómeno, analicé la permanencia en los 100 cargos más importantes del Estado desde 2001: aquellos que deciden políticas nacionales, controlan recursos o ejercen funciones cuyo vacío puede interrumpir un servicio crítico. El resultado muestra que la inestabilidad política no se ha quedado en Palacio o el Congreso. Ha descendido hacia las instituciones encargadas de ejecutar, supervisar y hacer cumplir las políticas públicas.
El caso más dramático es el Ministerio del Interior. En 25 años ha tenido 58 ministros distintos, con una permanencia promedio de apenas 157 días. Peor aún, el ministro que más tiempo permaneció en el cargo no llegó a los 600 días. Así, es imposible sostener una estrategia contra la delincuencia, reformar la Policía o exigir resultados. Mientras el crimen organizado planifica a largo plazo, el Estado cambia de ministro cada cinco meses.
En medio de ese carrusel existe una excepción extraordinaria. Julio Velarde preside el Banco Central de Reserva desde octubre de 2006: casi 20 años de continuidad, que lo convierten en el alto funcionario con mayor permenancia del Estado peruano. Mientras ministros, directores y altos funcionarios entraban y salían, el BCRP preservó un rumbo técnico, defendió su autonomía y mantuvo la estabilidad monetaria incluso durante algunas de las peores crisis políticas del país.
Por supuesto, no toda permanencia es buena ni toda rotación es mala. Un funcionario incompetente debe irse. El problema es cuando el cambio deja de responder al desempeño y se convierte en la forma habitual de repartir poder, pagar favores o reaccionar ante cada escándalo. Sin continuidad tampoco hay responsables: siempre se puede culpar al antecesor y volver a empezar.
El próximo gobierno tendrá la oportunidad de romper este ciclo con una burocracia profesional capaz de dar continuidad a las políticas públicas. Ello exige distinguir con claridad entre los cargos políticos, que cambian con cada gobierno, y los puestos técnicos, que deberían ocuparse por mérito y permanecer mientras su desempeño lo justifique. Recuperar esa continuidad no es un detalle administrativo: es una condición para que el Estado aprenda, acumule capacidades y pueda ser evaluado por sus resultados. Un Estado que renueva a sus autoridades puede ser saludable; uno que pierde permanentemente sus capacidades técnicas está condenado a reinventarse una y otra vez.
