"No cabe duda que el contexto actual ha impuesto restricciones a la actividad del mercado de capitales, lo cual termina afectando el desarrollo de la economía", señala Rebolledo. (Foto: GEC)
"No cabe duda que el contexto actual ha impuesto restricciones a la actividad del mercado de capitales, lo cual termina afectando el desarrollo de la economía", señala Rebolledo. (Foto: GEC)
Paul Rebolledo

La coyuntura política reciente ha incrementado sustancialmente los costos de financiamiento de las empresas peruanas, lo cual dificulta la canalización de recursos dentro del local. Esto se agudiza por la retórica de uno de los candidatos en materia de intervencionismo estatal, cambios materiales de reglas de juego y un eventual mayor endeudamiento gubernamental, generando serias dudas al momento de invertir en activos peruanos.

Así, mientras que el gobierno se endeudaba en soles a 10 años a 4,8% antes de la primera vuelta electoral, ahora lo hace a 5,3%. Esta situación se agrava al sumar el rendimiento extra al costo gubernamental (spread), exigido a las corporaciones locales debido a una mayor percepción de riesgo crediticio. Dicho spread, a plazos entre 5 y 10 años, se ha incrementado entre 50 y 100 puntos básicos desde el 9 de abril.

Con la valla más alta en su costo financiero y la incertidumbre sobre las condiciones futuras, las empresas lo están pensando dos veces antes de salir a emitir al mercado. Fiel reflejo de ello es la escasa actividad de emisión pública de bonos desde la primera vuelta. Así, los montos emitidos entre enero y mayo del 2021 han sido bastante bajos respecto de similares períodos de años anteriores (de S/3,6 millones en el 2017 a S/1,1 millones en el 2021) y los plazos promedio de emisión han bajado sustancialmente (de siete años en el 2017 a tres años en el 2021).

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Paralelamente, la actividad de negociación entre inversionistas de bonos ya emitidos (mercado secundario) también se “secó”. Así, mientras que, en el 2017, el monto negociado promedio diario fue de US$8 millones (promedio de 9 operaciones al día), en el 2021, este monto es de apenas US$5 millones (promedio de cuatro operaciones al día). Una menor liquidez de los bonos también resta apetito para su adquisición (dada la menor facilidad en su eventual venta) y, en general, exacerba la caída de precios en épocas de incertidumbre.

Por otro lado, los inversionistas institucionales que demandan estos títulos, proveyendo fondos a las empresas, también han tenido sus propios reveses. Por ejemplo, las AFP estarán más inclinadas a mantener un colchón de liquidez ante eventuales retiros, dadas las normas del Congreso y la retórica de cambios de reglas por parte de uno de los candidatos. Similar caso sucede con los fondos mutuos, cuyos rescates se han incrementado considerando el nerviosismo de sus partícipes. Con ello, la demanda de títulos (que hasta antes de la primera vuelta representaba dos veces los montos colocados) puede haberse restringido.

No cabe duda que el contexto actual ha impuesto restricciones a la actividad del mercado de capitales, lo cual termina afectando el desarrollo de la economía, vía un entorpecimiento en la canalización adecuada y eficiente de recursos hacia empresas con proyectos de valor agregado, como alternativa a la intermediación bancaria tradicional. Un cambio a estas condiciones dependerá de la credibilidad de las señales (partiendo de los nombramientos de las autoridades del BCR, SBS y MEF) y compromisos que brinde el próximo gobierno.

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