Jessica Luna

Vivimos tiempos complicados. No hay liderazgo y sí inestabilidad, corrupción y destrucción de la tecnocracia. Funcionarios sin experiencia ni capacidades ejercen los cargos públicos, en perjuicio de todos los peruanos y peruanas.

El Estado no funciona, es ineficiente y no resuelve los problemas del ciudadano. No hay pasaportes, brevetes, ni DNI, y la ejecución de la inversión pública es pobre. La posta, el colegio, los caminos y el agua no llegan a la población.

La medida de inmovilización dictada es una muestra más de la incapacidad del Gobierno. Renunció a su responsabilidad de asegurar el orden y la seguridad. Lo mismo ocurre en las diferentes regiones del país donde no hay acciones para preservar el orden público y se ha violentado la propiedad privada.

MIRA | Congreso aprueba exoneración del IGV a productos alimenticios: ¿En qué consiste la medida y cuál será su impacto?

A esto se suman factores externos como el aumento de los costos del transporte marítimo (fletes), de los precios del petróleo y los alimentos. El precio CIF (costo, seguro y flete) por tonelada de maíz era de US$ 199 en el 2019 y este año llegó a US$ 370. El precio CIF por tonelada de trigo pasó de US$ 255 a US$ 423 en el mismo período, y el de fertilizantes pasó de US$ 319 a US$ 546.

Esta problemática nacional e internacional genera válidos reclamos de la población. No podemos parar. No nos podemos dar el lujo de tener un Estado paralizado, no podemos dejar de producir, invertir y generar empleo para los peruanos. ¿Qué se debe hacer?

Impulsar la generación de empleo. La gente no quiere bonos, quiere trabajo. Urge recuperar la confianza y estabilidad para que empresarios de todo tamaño inviertan y apuesten por el país, hagan crecer sus negocios y contraten más personal.

Además, se necesita asegurar una ejecución eficiente de la inversión pública que permita generar obras y mejores servicios públicos para la población dinamizando el empleo. El mecanismo de obras por impuestos es clave.

LEE TAMBIÉN | ¿Cómo afecta la inestabilidad política a la economía nacional?

La (aún) fortaleza macroeconómica y fiscal permite dar medidas de emergencia que tengan impacto directo en el bolsillo de la población. Deben tener sustento técnico, ser acotadas y focalizadas para aliviar el impacto del aumento de precios en las familias más necesitadas. No se debe caer en el populismo. La reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) a los combustibles o el aumento del vale FISE para la compra del balón de gas van en el sentido correcto. Debe sumarse un subsidio a los fertilizantes focalizado en el pequeño productor agrario.

Por otro lado, se debería aprovechar el ciclo de precios altos de los minerales destrabando e impulsando la inversión minera. Esto generará recaudación para enfrentar la crisis que puede no ser de corto plazo.

Por otro lado, es importante reducir el impacto del aumento del costo del flete a productos importados a través del cobro del arancel sobre el precio FOB (precio de la mercancía en aduana para la exportación) o reduciendo temporalmente un porcentaje de los gastos de transporte tal como lo propone la Comunidad Andina.

No se deben dictar medidas que encarezcan el costo de productos importados como la ropa y el calzado. Hace unos días, el Gobierno aumentó los aranceles a los zapatos importados y busca en los próximos días aplicar una salvaguardia a los textiles importados.

No es momento de subir impuestos, endurecer las condiciones laborales, perseguir al emprendedor sino de dejar trabajar a los peruanos. El Perú no puede parar.

Jessica Luna Gerenta general de CómexPerú