Primer tramo de la Linea 2 del Metro de Lima estará operativa en 2019. (Andina)
Primer tramo de la Linea 2 del Metro de Lima estará operativa en 2019. (Andina)
Mario Reggiardo
Mario Reggiardo

Al Estado peruano le suele ir bien en los ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones (), el foro del para resolver conflictos entre estados e inversionistas internacionales. El Perú ha ganado la mayoría de los arbitrajes en los que fue demandado. Ha recibido a su favor cerca de USD 110 millones y ha sido en total condenado a pagar solo US$43 millones de los US$5.000 millones por los que ha sido demandado. Pero el 6 de julio pasado, un tribunal arbitral emitió una decisión desfavorable para el Perú en una controversia en el marco de la construcción de la .

La disputa inició en el año 2017 cuando la empresa concesionaria, Metro de Lima Línea 2 S.A., demandó al Estado peruano como consecuencia de retrasos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) en la entrega de los terrenos para la ejecución del proyecto.

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La concesionaria alegó que el MTC tardó en entregar o entregó sin saneamiento determinados terrenos necesarios para la ejecución de las obras, así como demoró la entrega de ciertos estudios de ingeniería. Por ello solicita una indemnización por daños de más de US$ 450 millones. El Estado peruano se defendió afirmando que la concesionaria obstaculizó la entrega de los terrenos, exigiendo requisitos no pactados e incumplió sus obligaciones. También sostuvo que la concesionaria tenía la obligación de aceptar entregas parciales y no lo hizo.

Además, el Estado Peruano también contrademandó a la concesionaria, reclamando penalidades y daños causados por los retrasos, ascendentes a más de US$ 713 millones.

El Tribunal Arbitral decidió que el MTC incumplió su obligación de entregar determinadas áreas de concesión dentro del plazo. Sin embargo, también encontró responsable a la concesionaria por haberse negado injustificadamente a tomar posesión de determinados terrenos. En esta decisión, el Tribunal ordena al Estado peruano a indemnizar a la concesionaria por los daños que se le ocasionaron a raíz de los retrasos, otorgarle una ampliación de plazo para ciertos hitos del Proyecto y devolver ciertas penalidades impuestas. El Tribunal desestimó las pretensiones del Estado.

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El arbitraje todavía no acaba. Esta decisión es parcial ya que solo ha asignado responsabilidades entre las partes, pero no ha fijado el monto de las indemnizaciones. Corresponde ahora la continuación del proceso a fin de que se determine el monto de la indemnización que deberá pagarse a la concesionaria, pero la responsabilidad del Estado peruano ya es incuestionable.

Hoy existen en curso otros 17 arbitrajes CIADI en los que ha sido demandado el Estado peruano. A diferencia de los resultados de las últimas dos décadas, el pronóstico para los próximos arbitrajes no es el mejor para el Perú. En estos años diversas entidades públicas habrían vulnerado derechos de inversionistas extranjeros, protegidos por tratados de libre comercio o de protección de inversiones. La inacción por el temor a la supervisión de la Contraloría, el Ministerio Público y/o el Congreso, así como algunas interpretaciones irrazonables de las normas legales, podrían estar exponiendo a que los contribuyentes paguemos millonarias indemnizaciones por laudos que se emitan en los próximos años.

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