(Ilustración: Giovanni Tazza)
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David Tuesta

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Cuando utilizamos la frase “se le ve el plumero” nos referimos a una situación en la que anticipamos las ocultas intenciones de una persona. En el caso de , y de Pedro Castillo por supuesto, más que un plumero, los agentes económicos ya habían apreciado al ave en toda su dimensión, hecho que se constata en la actual volatilidad de los mercados financieros. Su ideario, e incluso el “edulcorado” Plan Bicentenario, nunca ocultaron la visión y cambios que pretendía incorporar a la economía -Asamblea Constituyente incluida-.

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Es cierto también que Pedro Castillo -no Perú Libre- realizó gestos interesantes de sensatez luego de culminada las elecciones de segunda vuelta. Nombró a un conjunto de asesores económicos de izquierda que estuvo reuniéndose con actores locales y globales, transmitiendo mensaje de respeto a la estabilidad económica y al funcionamiento de la economía social de mercado, descartando políticas de “prohibición de importaciones” y “expropiaciones”. También fue bien percibida la invitación a Julio Velarde para que se mantenga como presidente del Banco Central. Sin embargo, nunca pudo desligarse de su compromiso de campaña de llamar a referéndum para una Asamblea Constituyente. La insistencia en esta decisión ya ha puesto en suspenso importantes proyectos de inversión privada, pues nadie está dispuesto a poner un sol o dólar a largo plazo en un país que piensa redefinir sus reglas de juego.

Pero, lamentablemente, como una señal adicional de ese plumaje populista, Pedro Castillo ha anunciado hace pocas horas su intención de reducir el sueldo de congresista y ministros a la mitad. Algunos dirán que esto sólo es un gesto político hacia los más pobres que tendrá pocos damnificados. Sin embargo, si unimos este pronunciamiento con el que dio en mayo en plena campaña donde decía textualmente “tenemos que terminar con la planilla dorada; acabar con los sueldos de lujo”, uno podría concluir que lo dicho recientemente en el Congreso Nacional de Perú Libre es el primer paso de una política más amplia. Los peligros de una medida como tal sólo terminarían de sepultar cualquier intento de mejora en el sector público y paradójicamente, afectando a los más pobres.

Todos queremos un Estado que funcione, pero para ello, uno de los requisitos clave es contar con servidores públicos de calidad, adecuadamente remunerados. El detalla un triste diagnóstico de la pésima eficiencia del sector público, que desfallece más cuando nos comparamos con países vecinos. Los indicadores de desarrollo del servicio civil y meritocracia del BID (2018), el índice de efectividad del gobierno del Banco Mundial (2019), y los de control de corrupción de Transparencia (2020) y del Banco Mundial (2019) sólo muestra lamentables resultados, que sólo se verían exacerbados con esta chata visión de tumbarse los “sueldos de lujo” en el Estado. Hace más de medio siglo, el Premio Nobel de Economía, Gary Becker (1968), ilustraba cómo la corrupción surge con los incentivos adecuados, como puede ser cuando el Estado reduce los sueldos de sus funcionarios, y estos terminan “complementándolos” afuera.

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Parece que nos olvidamos de que la corrupción es quizá una de las mayores luchas en las cuales estamos involucrados, y flaco favor le hacemos al país incorporando políticas que lo incentivan. Besley y Mc Laren (1993), por ejemplo, ilustra este mismo tema para el caso de los auditores de impuestos y como pueden caer fácilmente en situaciones de corrupción en un escenario que se le termine pagando por debajo del salario de reserva o de “capitulación”, como se define en la investigación. También hay que observar que esta visión de “eliminar los salarios dorados” puede terminar redundando en la salida de los funcionarios de calidad que quedan en el Estado, como se modelara en el trabajo clásico de Weiss (1980). Y esto finalmente podría derivar en un sector público extremadamente débil para defender los derechos de propiedad, como también lo discuten Acemoglu y Verdier (1998). ¿Será esta la intención final de esta medida?

Haría bien Pedro Castillo en entender las repercusiones que puede traer este tipo de políticas, ya no sólo en términos del daño que infrinja a la construcción de un mejor Estado, sino también en cuanto a las pésimas señales de corto plazo a esa inversión privada que dice él querer conquistar. Dudo además que este tipo de anuncios atraiga a profesionales serios a su proyecto de gobierno. Y mientras tanto, la incertidumbre sólo hace más que crecer.

Referencias

Acemoglu, Daron y Thierry Verdier (1998) “Property rights, corruption and the allocation of talent: a general equilibrium approach”, The Economic Journal 108, N.450

Banco Mundial (2019) “Indicadores mundiales de buen gobierno”

Becker, Gary (1968) “Crime and punishment: an economic approach”, Journal of Political Economy 76, N.2.

Besley, Timothy y John McLaren (1993) “Taxes and bribery: the role of wage incentives”, The Economic Journal 103, January.

BID (2018) “Números para el desarrollo”

Consejo Privado de Competitividad (2021) “Informe de Competitividad 2021”

Transparencia (2020) “Índice de percepción de la corrupción 2019”

Weiss, Andrew (1980) “Job queues and layoffs in markets with flexible wages”, Journal of Political Economy 88, N.3

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