Cada año, la banca peruana incluye a menos usuarios
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Redacción EC

Un nuevo gobierno genera esperanzas. Lo malo es que usualmente, cada cinco años, ello se traduce en frustración. ¿Será ese el caso del actual gobierno dada la reciente concesión del voto de confianza y próxima solicitud de facultades extraordinarias? Acá tres reflexiones breves, a efectos de ponernos en perspectiva.

Primero, la presentación ante el Congreso del primer ministro remarcó la intención de reducir la grave en el país. Nadie duda de lo loable del objetivo dado que es imposible, entre otros, ampliar la base tributaria sin mayor formalidad. Sin embargo, no basta con reducir tasas impositivas y con medidas conexas en el frente tributario. Llevar la PEA formal al 60% demanda realmente el diseño y ejecución de una progresiva y concertada gran reforma en varios frentes, sobre todo, en el laboral.

Es conocido que las inflexibilidades de nuestro mercado laboral son tremendas. Hoy en día por cada sol de remuneración al trabajador el costo laboral de mantener un empleado formal es más de S/1,65. Adicionalmente, las trabas para adecuar el número de trabajadores al ritmo de producción continúan siendo significativas. ¿En el pedido de facultades se podrá hablar de reducción de la informalidad sin una reforma paralela del mercado laboral, sin real consenso político y sin dañar derechos laborales? 

Segundo, no hay revolución social sin inclusión social, y no hay inclusión social sin la financiera. Hoy de cada cuatro peruanos, casi tres no están involucrados con el sistema financiero formal. Ello es sinónimo de discriminación. Cientos de miles de microempresas aún no tienen más alternativa que el financiamiento informal. Nada más caro, discriminatorio e inequitativo que ello.

La necesidad de una mayor inclusión financiera debe plantearse, por ejemplo, considerando una acción concertada con el sector privado vía APP a efectos de facilitar nuevos mecanismos de acceso del servicio financiero a favor de las provincias del país, a la par que se motiva el desarrollo de nuevos productos financieros y se ejecuta un programa de fortalecimiento de nuestro frente microfinanciero. ¿Alguien puede creer que se mejorará el acceso financiero sin ejecutar medidas innovadoras?

Tercero, una real reforma integral del Estado es urgente. El problema es que plantear soluciones en salud, educación, seguridad, infraestructura sin recomponer la calidad de gestión, el dimensionamiento, el mecanismo de rendimiento de cuentas, la métrica y la organización del Estado podría resultar heroico, casi un cuento, todo un error.

El camino a una reforma integral del Estado es complejo y requiere consensos que hay que alimentar cuando toca presentarse al Congreso. Quien tiene la posibilidad de generarlo es un gobierno nuevo que no dispone de mayor desgaste político. No basta con pronunciamientos generales y buenas intenciones. ¿Dónde está planteada la reforma integral del Estado?

Estos tres aspectos, en caso de no ser apropiadamente abordados, nos podrían acercar a una no deseada frustración. Sin vencer la informalidad, sin generar inclusión financiera, sin un cambio sustancial en la calidad de Estado, todo lo anunciado y lo que se apruebe con facultades extraordinarias se puede ir por la borda. Nadie desea eso. A afinar propuestas.

El Comercio no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

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