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¿El final de las APP?, por José Luis Bonifaz

“No destruyamos a las APP, más bien démosles un shock de confianza y un giro de modernidad”, señala el Director de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico

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En el 2016 solo se otorgaron dos asociaciones público-privadas (APP) y en el 2017 fueron seis.

Archivo El Comercio

La brecha de infraestructura del Perú asciende a casi US$160 mil millones, lo que equivale al 75% del PBI del 2017. Asimismo, la inadecuada infraestructura ha ubicado al Perú en el puesto 85 de 140 países (con el puesto 108 en carreteras), con lo cual se convierte en uno de los principales problemas para hacer negocios en el Perú, de acuerdo con el informe del 2018 realizado por el World Economic Forum.

En el 2016 solo se otorgaron dos asociaciones público-privadas (APP) y en el 2017 fueron seis. Este 2018 solo hay cuatro otorgadas. Una de ellas, el puerto de Salaverry, incluso se trató de una iniciativa privada. Actualmente existen otros siete proyectos convocados con una inversión conjunta de US$2,3 mil millones. De estos, cinco tienen retrasos de más de tres años. Si Pro Inversión tiene un presupuesto anual de US$100 millones, entonces ¿qué está pasando? ¿Acaso esta agencia no fue creada para promover las APP? 

Está claro que no es la culpa de los funcionarios sino de la falta de apoyo político de su consejo directivo para tomar decisiones. Entonces ¿qué hacemos, cerramos la institución?

Es cierto que a la luz de los últimos acontecimientos hay precaución por sacar mejores procesos de concesión. Sin embargo, solo por hablar de obras importantes para Lima podemos mencionar algunas APP largamente postergadas. 

El zanjón de la Javier Prado tiene 20 años e incluso se adjudicó y luego se dio marcha atrás. El Periférico Vial Norte, para aliviar la llegada y salida del aeropuerto, tiene 30 años en cartera y además existe una iniciativa privada que tiene cinco años. El túnel Centinela, una APP autosostenible que propone conectar el distrito de La Molina con Surco a través de un túnel (con peaje), pero con alternativas sin peaje, que tiene más de cinco años. Mientras tanto, todos pagamos los sobrecostos logísticos que se generan en la ciudad. 

Recientemente, el Consejo Privado de Competitividad ha lanzado varias propuestas para mejorar la infraestructura del país. Entre ellas, está el desarrollo de un plan de infraestructura de largo plazo para generar predictibilidad en los inversionistas. Además, propone priorizar 20 proyectos en los que se debe poner énfasis en el corto plazo. Esperemos que el Consejo Nacional de Competitividad introduzca estas ideas en el próximo Plan Nacional de Competitividad.

Es muy cierto que han existido contratos de concesión que pudieron ser mucho mejores, sobrecostos en las inversiones que no debieron darse y expropiaciones que pudieron ser más oportunas. Pero también es cierto que por las APP tenemos operaciones de comercio exterior más eficientes, energía sin interrupciones y comunicaciones de calidad.

Debemos aprender y corregir, y donde hubo corrupción castigar severamente. Pero no destruyamos a las APP, más bien démosles un shock de confianza y un giro de modernidad.

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