En estos días de ímpetus populistas, exijamos a nuestras autoridades ser muy cautelosas con qué medidas adoptan –si acaso optan por alguna– en relación con la reconfiguración del sistema de venta de medicamentos.
Como sabemos, InRetail, empresa del holding Intercorp y propietaria de Inkafarma, ha pasado a controlar el 95% de las ventas en cadenas de boticas y el 60% del mercado ‘retail’ tras adquirir Química Suiza, dueña de las cadenas Mifarma, Arcángel y BTL.
Lo relevante de este hecho es que permite a InRetail integrar verticalmente la importación, producción, distribución y venta de medicamentos, pues Química Suiza posee dos laboratorios nacionales y distribuye cerca del 40% de fármacos en el país. Esto, innegablemente, le otorga un enorme poder de mercado y de negociación.
Como sabemos, el Indecopi no prohíbe los monopolios, pero sí penaliza el abuso de posición de dominio. Dado que no podemos hablar de esto último porque la venta recién se ha concretado, ¿conviene tomar medidas para generar mayor competencia? Siendo improbable que un privado entre a competir a un mercado tan concentrado, ¿debería hacerlo el Estado? Únicamente si mejora el suministro de medicamentos en entidades públicas, cuya situación es preocupante.
Según data de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) al 2015, solo el 45% de los pacientes en consulta externa recibe todos sus medicamentos en establecimientos del Ministerio de Salud (Minsa) o de gobiernos regionales, por lo que se ven forzados a comprarlos en farmacias privadas. De hecho, más del 40% del gasto de bolsillo (el porcentaje de nuestro presupuesto que cubre gastos médicos) lo destinamos a comprar medicinas.
Esta semana supe cómo los familiares de un paciente con problemas cardíacos que entró por emergencia a un centro de salud en Lima Metropolitana debieron comprar no solo medicamentos y una bata, sino también alquilar una bomba de infusión. No es de extrañar: una evaluación de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) a 32 unidades ejecutoras el año pasado mostró que solo las direcciones regionales de salud de Ayacucho y Tacna tuvieron más de 30% de establecimientos con un nivel óptimo de disponibilidad, mientras que en casi el 70% el nivel fue regular o bajo.
Una manera práctica de mejorar la gerencia de la cadena de suministro del Estado es empezar por diferenciar los productos. Esto no es nuevo. Kraljic utiliza dos criterios para ello en su matriz de abastecimiento: nivel de gasto y nivel de riesgo. Dividir los productos en rutinarios, estratégicos, commodities y los cuellos de botella permitiría hacer un mapeo de riesgos y poner el foco y los mayores esfuerzos innovadores en las compras de los más dificultosos. Para los rutinarios, el catálogo electrónico demuestra ser efectivo en otros países. Solo en el caso de los commodities, la subasta inversa tiene sentido.
Considerando que el Estado hace compras corporativas de grandes volúmenes de fármacos, y adoptando medidas para mejorar el proceso de suministro público, se podría evaluar promover que cualquier ciudadano de a pie pueda comprar sus medicamentos en establecimientos públicos, como sucede en España. E incluso entablar alianzas con farmacias privadas, como se planteó en el 2013 con el mecanismo de “farmacias inclusivas” del Decreto Legislativo 1165.
Pero, sea cual sea la medida que se adopte, el Minsa debe asumir su rol rector y difundir entre la población los beneficios de los medicamentos genéricos, cautelando su eficacia y calidad. Y debe, de una vez por todas, liderar una fuerte lucha contra la corrupción interna y el comercio informal de medicamentos.
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