Es inaceptable que uno de cada cuatro peruanos no disponga de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Mientras se celebra el crecimiento y la estabilidad de nuestra economía, casi 9 millones de peruanos viven en situación de pobreza y cerca del 5% de la población está en pobreza extrema; es decir, sin duda, pasan hambre por falta de ingresos.
Es inaceptable que uno de cada cuatro peruanos no disponga de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Mientras se celebra el crecimiento y la estabilidad de nuestra economía, casi 9 millones de peruanos viven en situación de pobreza y cerca del 5% de la población está en pobreza extrema; es decir, sin duda, pasan hambre por falta de ingresos.
La pobreza disminuye a un ritmo desesperante y seguimos lejos de recuperar los niveles previos a la pandemia. Incluso en Lima, donde solía haber mayores oportunidades, la pobreza no cede y los niveles de consumo real por persona están 16% por debajo de los de 2019. Esta situación no es casual: responde a un crecimiento económico débil y poco inclusivo, a una recuperación del empleo que no alcanza a los sectores donde se concentran los ingresos de la población en situación de pobreza, y a políticas públicas desfasadas frente a las nuevas formas de precariedad en el Perú.
Sin embargo, lo preocupante no es solo nuestra incapacidad para reducir rápidamente la pobreza, sino también la existencia de problemas sociales más graves que la propia pobreza. La inseguridad alimentaria y el hambre afectan tanto a los grupos en situación de pobreza como a quienes no la están. La inseguridad alimentaria —esa incertidumbre angustiante de no saber si habrá comida suficiente mañana— golpea tanto a los hogares pobres como a muchos que, teóricamente, no lo son. Hoy, según Naciones Unidas (SOFI, 2025), casi 14 millones de peruanos enfrentan inseguridad alimentaria moderada o severa.
El Índice Global del Hambre muestra que la situación ha empeorado respecto a 2018: ocho regiones se encuentran en un nivel “grave” y solo Ica registra un nivel “bajo”. Estos resultados son consistentes con indicadores de desnutrición crónica infantil y anemia que no muestran mejoras, así como con el aumento del sobrepeso y la obesidad, asociados a una alimentación de baja calidad. Hoy, el 33% de los peruanos no puede costear una dieta saludable.
Según la encuesta del IEP de abril de este año, el 40% de los hogares peruanos reportó haberse quedado sin alimentos por falta de dinero o recursos en los últimos tres meses, una cifra que no se ha reducido pese a dos años consecutivos de crecimiento económico. En los estratos más vulnerables (D y E), este porcentaje asciende al 57%.
La insuficiencia en el acceso a alimentos —en cantidad y calidad— es uno de los principales problemas sociales del país. Sin una alimentación adecuada, se compromete el desarrollo presente y futuro de millones de niños peruanos. Es una falla moral y política sistémica: un país megadiverso y superavitario en producción de alimentos que no puede asegurar un plato de comida a cada ciudadano está fallando en lo más básico. El tema alimentario, sin duda, debería ser uno de los ejes centrales de la política social del próximo gobierno.
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