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"Los ‘hermanitos’ en las compras del Estado", por Alejandro Falla

“Lamentablemente, con alguna frecuencia los postores acuerdan no competir, repartiéndose el resultado”, refiere el socio de Bullard Falla Ezcurra +

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"Lamentablemente, con alguna frecuencia los postores acuerdan no competir, repartiéndose el resultado de las licitaciones y elevando artificialmente los precios", menciona Falla. (Foto: USI)

Así piensan algunos proveedores del Estado. “Le puedes vender caro. Ni siquiera se tiene que corromper a un funcionario. Basta conversar entre los patas para arreglar el resultado de la licitación. Competir es muy peligroso; puedes perder. Mejor conversar entre nosotros. Esta vez ganas tú; mañana me toca a mí. Todos ganan; ninguno pierde. ¿Y si lo descubren? No hay problema: hay pocos incentivos para que te denuncien. Buen negocio”. 

El Estado compra de todo lo que uno se pueda imaginar. Compra cuadernos y mapas para los colegios públicos, alimentos para los desayunos escolares, botas y uniformes para militares y policías. Últimamente compra hasta las papas que se produjeron en exceso para evitar que los precios bajen. El 23% del presupuesto público del año pasado (S/34.000 millones) se dedicó a la compra de bienes y servicios. El Estado es de lejos uno de los más grandes consumidores del país. 

El Estado compra a través de licitaciones donde espera obtener las mejores condiciones, producto de la competencia entre los postores. Lamentablemente, con alguna frecuencia los postores acuerdan no competir, repartiéndose el resultado de las licitaciones y elevando artificialmente los precios. Investigaciones independientes que analizan lo sucedido en Estados Unidos (“en todas partes se cuecen habas”) han determinado que paga entre 6,5% y 32% más de lo que debería producto de este tipo de prácticas. 

¿Se imagina la cantidad de dinero que el Estado –los contribuyentes– está perdiendo año a año como consecuencia de este tipo de conductas? Se ahorrarían más recursos públicos combatiendo este tipo de conductas que restringiendo viajes de representación de funcionarios públicos al exterior. 

¿Y que se está haciendo para atacar este problema? 

Lamentablemente, no mucho. Indecopi hace sus esfuerzos. Hace poco lanzó una serie de propuestas destinadas a combatir este problema. Se basó en recomendaciones de la OCDE y en la experiencia de países como México y Chile, que también enfrentan este tipo de problemas. 

Prepublicó sus propuestas y se dio el trabajo de recoger opiniones de los interesados. Entre otras propuestas, sugirió eliminar la publicidad del precio referencial en las licitaciones, pues facilita el ‘arreglo’ entre los postores. Sugirió también que el reporte de operaciones sospechosas sea notificado a Indecopi por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) sin dar cuenta a los potenciales investigados, a fin de asegurar la eficacia de la investigación. Propuso incentivar la delación (tirarle dedo al otro) eliminando la sanción de inhabilitación para contratar con el Estado a las empresas que ayuden a develar este tipo de conductas. 

Si se quiere mejorar el gasto público, se debe combatir este tipo de conductas. Las modificaciones aprobadas recientemente por el Ejecutivo a la Ley de Contrataciones del Estado tomaron en cuenta algunas (lamentablemente no todas) de dichas sugerencias. Ojalá que esto sea una señal de una mejor coordinación en el interior del Estado para combatir este tipo de comportamientos.

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