"Dejémonos de hipocresías", señala Falla. (Ilustración: Giovanni Tazza)
"Dejémonos de hipocresías", señala Falla. (Ilustración: Giovanni Tazza)
Alejandro Falla
Alejandro Falla

Hace poco se ha abierto la convocatoria para la elección del Presidente del Consejo Directivo de un Organismo Regulador de Servicios Públicos (OSIS). Se han publicado anuncios en diferentes medios de comunicación invitando a postulantes. La lista de requisitos no es poca cosa. Desde un mínimo de experiencia profesional hasta requisitos de formación académica (mínimo maestría). El proceso de selección está a cargo de una comisión integrada por representantes de varios ministerios bajo el mando de la Presidencia del Consejo de Ministros. La designación final la hará el Presidente de la República.

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No es para menos. Se trata de elegir a una persona que dirigirá una entidad encargada de la regulación de un servicio que afecta la vida de la gente y la economía del país. Su actividad impacta en decisiones de inversión millonarias.

El cargo que se ofrece es por varios años. Sólo podrá ser removido en caso de falta grave debidamente comprobada y fundamentada, previa investigación y un plazo para presentar descargos.

Eso dice el papel. Los hechos dicen algo diferente. Lo pueden “renunciar” en caso sus acciones afecten la popularidad del político de turno. Como dijo el ex presidente de Consejo de Ministros hace unos meses al anunciar la “renuncia” del presidente de Osinergmin -elegido por concurso- en el contexto del incidente de Villa El Salvador: “… se consideró pedir la renuncia de los funcionarios y no la destitución, por respeto al marco normativo”. Rara forma de entender lo que significa el respeto a las instituciones y al debido proceso.

La posición que se ofrece implica asumir la dirección de una institución que debe tomar decisiones técnicas alejadas de cualquier juego político. Para eso han sido creados los reguladores y se les ha dado independencia.

Eso también dice el papel. Pero si el político de turno no está de acuerdo con la forma como maneja ciertos temas, pueden pasar por encima de la independencia ordenando su intervención. Le ha pasado recientemente a un regulador () quien ha vivido varios meses intervenido por el Poder Ejecutivo.

¿Y el sueldo? No importa lo que diga el papel. Por decreto pueden forzarlo a donar una parte para atender a las víctimas de alguna tragedia (“apoyo solidario”), sin importar si contaba con ello para pagar el colegio de sus hijos o si voluntariamente ya venía ayudando a gente necesitada. Le ha pasado a funcionarios de los reguladores que ganan por encima de cierto nivel.

Dejémonos de hipocresías. Ahórrense el concurso. Elijan a dedo. No hay interés en fortalecer y respetar la independencia de los reguladores. Los quieren débiles y arrinconados para poder manejarlos.

Si no es así, empiecen a dar muestras de respeto a su independencia modificando las regulaciones que permiten intervenir a los reguladores y “renunciar” a sus autoridades. Que la tragedia de Villa El Salvador sirva para reforzar nuestra institucionalidad no para destruirla. Sin reguladores independientes, todos perdemos.

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