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El dumping consiste en vender un producto en el mercado de destino a un precio menor al que se vende –el mismo producto– en el mercado de origen.
Cuando el mercado local es atomizado y competitivo, el dumping destruye el “proceso competitivo”, no porque el bien importado sea mejor que el nacional, sino únicamente por la distorsión (deliberada) en el precio del producto importado.
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Es por esta razón que la Organización Mundial del Comercio (OMC) permite a sus países miembros imponer derechos (aranceles) a los productos que entran con dumping, pero solo hasta un monto en que se “nivela la cancha”.
La semana pasada el “Wall Street Journal” reportaba el caso de subvenciones del Gobierno Chino a las llantas para autos que importa EE.UU. Mientras que el Gobierno de EE.UU. le impuso un arancel preliminar a la llantas chinas de 81,3% aquí el Indecopi, en segunda instancia, le quitó el derecho antidumping a varias prendas de origen chino que competían con la ya competitiva y atomizada industria de Gamarra.
Ahora bien, según los abogados de los importadores de textiles chinos, la decisión de los vocales de la segunda instancia ha sido técnica. Meses antes, sin embargo, deploraban la falta de tecnicismo del Indecopi. Lo que no resulta técnico en mi opinión es el cambio de postura cada vez que las resoluciones les dan o no la razón a los abogados.
En particular porque el Indecopi, si bien ha tenido aciertos destacables a lo largo de sus más de 20 años de creación, requiere desde hace tiempo ser repensado institucionalmente.
Y esto me lleva a una segunda conjetura. Meses antes de la resolución, Nadine Heredia viajó a China. Luego el primer ministro devolvió la visita y prometió un tren bioceánico. Dos semanas después la resolución de Indecopi revocó los derechos antidumping a los textiles chinos. Y un dato más: los vocales fueron nombrados por el gobierno de Humala.
Al Indecopi, el proceso de investigación en primera y segunda instancia, le costó un dineral, porque se debió contratar personal extra, además de encuestas al INEI y sesiones adicionales de comisionados y vocales.
Una institución cuyo valor principal desde su concepción fue la transparencia debe explicarles ahora a los ciudadanos cómo es que arribó a esta conclusión.
