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David Tuesta

Es bastante conocido que, desde hace tres años, algunas empresas en el han venido promoviendo, con bastante activismo, el incremento artificial del precio de la en el mercado mayorista que, como no puede ser de otra manera, se trasladaría indefectiblemente a un incremento abrupto de las tarifas que pagan familias y empresas del país. En efecto, con argumentos muy alejados de lo que delinean los fundamentos microeconómicos, han logrado finalmente convencer a la Corte Suprema de romper las reglas de juego contenidas en una Ley de Concesiones Eléctricas que funciona casi 30 años, y que ha sido el sostén del desarrollo del sector y de la economía en general.

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La decisión judicial, finalmente, pone sobre la mesa la potencial eliminación del mecanismo de declaración de precio del gas de las generadoras termoéléctricas, vigente desde inicios de los noventas. Este esquema eficiente para la determinación de precios está basado en la aproximación marginalista contenida en la teoría económica, y que gozó de consenso entre los actores durante décadas. Este consenso terminó rompiéndose cuando las empresas eléctricas menos eficientes no reaccionaron como debieron ante los cambios en los fundamentos de oferta y demanda del mercado, que derivaron en una sobreoferta de energía eléctrica en el Perú.

Las firmas más eficientes, en cambio, se adaptaron a tiempo al exceso de oferta producido, anticipando el hecho de que las inversiones en hidroeléctricas por parte de anteriores gobiernos no iban de la mano con el escenario más débil de la demanda interna dado los cambios evidentes en el ciclo económico global y local, así como el menor ritmo de inversiones mineras. Y una sobreoferta, como se sabe, lleva a una reducción ineludible de los costes marginales y esto, a menores precios: la ley de la oferta y la demanda en toda su expresión. Así, dado el escenario económico a enfrentar, las firmas eficientes tomaron decisiones estratégicas para ofrecer contratos más convenientes para los clientes libres, que son fundamentalmente medianas y pequeñas empresas que han sido los primeros en poder beneficiarse de tarifas más baratas, que hoy les está permitiendo sobrevivir la dura situación financiera a causa de la pandemia.

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Las familias, sin embargo, no se han podido beneficiar todavía de estos menores precios, porque sus tarifas reguladas descansan en contratos previos que sus distribuidoras han negociado a precios más altos y que siguen vigentes. Y estos precios y plazos son sólo consecuencia de decisiones empresariales de estas firmas. Así, no se puede culpar al funcionamiento de la regulación de precios de esta situación. Pero hay, sobre todo, otro hecho que no se puede perder de vista. En tanto las distribuidoras vayan actualizando sus contratos de compra de energía, deberían poder trasladar los menores precios en el mercado mayorista a las familias, los que lo gozarían en plazo próximo. Por el contrario, si los entes de decisión del Estado accedieran a las presiones de cambiar los fundamentos regulatorios y terminaran incrementando artificialmente los costes marginales en favor de la ineficiencia de unos pocos, las tarifas eléctricas pueden llegar a subir un 20% para las familias y hasta un 50% para las empresas. Y todo ello en medio de una crisis sanitaria cuyas consecuencias pueden durar varios años. ¿Esa es la política económica que necesita el país?

Dos de los economistas más brillantes del espectro económico, Gordon Tullock y Ann Krueger, desarrollaron a inicios de los 70s la teoría del “rent seeking”, es decir el modelo que explica los incentivos que tienen empresas con cierto poder de mercado de “capturar rentas” utilizando todas las herramientas posibles para persuadir a los poderes del Estado para realizar cambios regulatorios que le aseguren las ganancias que no han podido conseguir competitivamente, lo que al final puede terminar llevando todavía a mayores ineficiencias que lo terminará pagando la sociedad con mayores tarifas eléctricas. La situación derivada por la decisión de la Corte Suprema sobre la determinación de precios de la energía es un típico “caso de libro” de cómo las presiones regulatorias pueden terminar generando un daño irreparable para la sociedad. Corresponde al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Economía y Finanzas tomar las decisiones que eviten un desvío de lo que significa la eficiencia y el beneficio para la sociedad.

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