Nuestro país tiene los recursos naturales y la capacidad recaudadora para cambiar vidas, pero una tarea pendiente: tener inversión pública responsable y transparente. En 2024, solo la minería generó más de S/ 18.300 millones para el Estado a través de tributos, más del doble de lo recaudado hace ocho años (S/ 9.000 millones en 2017). Y en los últimos cuatro años, hemos alcanzado niveles históricos de recaudación minera sin recurrir a reformas populistas, sino apostando por la competitividad, la eficiencia y la innovación tecnológica en nuestra producción polimetálica.
Sin embargo, con una tasa de pobreza que alcanza el 29%, urge promover más actividades productivas y competitivas que contribuyan al Estado y permitan atender las necesidades de la población. En este escenario, la minería formal representa una gran oportunidad. Si revisamos las cifras, vemos que su recaudación supera ampliamente el presupuesto asignado al sector de Desarrollo e Inclusión Social para 2025 (S/ 7.326 millones), que financia programas como Cuna Más, Juntos, Pensión 65 y Foncodes, beneficiando a más de 10,5 millones de peruanos en situación de vulnerabilidad. Entre estos programas esta, Qali Warma (hoy Wasi Mikuna), un programa clave que recientemente ha estado en el centro de un escándalo indignante, reflejo de la corrupción y egoísmo de muchas autoridades.
Nuestro desafío es más de gestión que económico. Según el Reporte de Eficacia del Gasto Público de ComexPerú, en 2024 los gobiernos regionales ejecutaron S/ 13.697 millones en inversión pública, el 88% de su presupuesto. Sin embargo, los gobiernos locales apenas alcanzaron un 67,8% de ejecución. Peor aún, S/ 254 millones destinados a mejorar la infraestructura educativa quedaron sin ejecutar.
Es clave recordar que las regiones y municipios tienen diversas fuentes de financiamiento. Solo en 2024, recibieron más de S/ 8.000 millones en canon, regalías y derechos de vigencia provenientes de la minería. Áncash fue el departamento más beneficiado, con más de S/ 1.583 millones. No obstante, el gobierno regional solo ejecutó el 45,9% de su presupuesto en inversión, y los municipios apenas alcanzaron el 58,4%.
La solución está en agilizar los procesos administrativos para la aprobación de proyectos y flexibilizar el uso del canon, garantizando un impacto más directo en la población. También debemos fortalecer las Asociaciones Público-Privadas (APP), una prioridad que el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, ha señalado como clave para un mayor involucramiento del sector privado en el cierre de brechas sociales.
Los mineros siempre vemos la luz al final del túnel. Los recursos existen. Solo necesitamos autoridades responsables, transparentes y con una visión estratégica que prioricen una gestión eficiente. No debería ser tan difícil.
