La educación no puede ser el fusible del Estado

El 6 de marzo, el Ministerio de Educación dispuso que los colegios de Lima Metropolitana y el Callao pasaran a clases remotas durante una semana. La razón: una deflagración en el gasoducto de Camisea, en Cusco, que interrumpió el suministro de gas natural hacia Lima. El Gobierno argumentó que la medida buscaba reducir la movilidad urbana mientras se restablecía el abastecimiento. Efectivamente la crisis energética es real y exige respuestas, pero la medida educativa es muy cuestionable.

¿Por qué es una mala idea?

No resuelve el problema de movilidad que dice resolver. El racionamiento ya ocurrió donde correspondía: los vehículos que dependían del GNV fueron cortados del suministro desde el 2 de marzo. La mayoría de usuarios de transporte público se moviliza en buses a gasolina o diésel, combustibles para los que no hay problemas de desabastecimiento, y el Metropolitano y los corredores que sí usan gas siguen operando porque fueron declarados prioridad. El impacto real recae sobre los taxis con GNV, pero incluso ahí el mercado tiene cómo absorberlo. La mayor parte de esos vehículos son duales y pueden operar con gasolina. Es un ajuste incómodo, pero no una parálisis.

Agrava la crisis energética que pretende aliviar. Una parte importante de la generación eléctrica del país depende del gas natural, por lo que la emergencia en Camisea ya pone presión sobre el sistema eléctrico. Las clases virtuales aumentan esa presión: millones de estudiantes conectados desde casa implican un mayor consumo eléctrico agregado, justo cuando el sistema tiene menos capacidad para responder.

Sus costos recaen sobre quienes menos pueden absorberlos. Mandar a los niños a casa asume que todos tienen con qué conectarse, y no es así: según el INEI, casi 4 de cada 10 hogares en la capital no tienen el equipo mínimo para que un niño tome clases desde casa. Aún cuando hay equipo, no siempre hay aprendizaje: encuestas a padres de familia encontraron que casi la mitad consideraba que el rendimiento de sus hijos había empeorado con la educación a distancia durante pandemia, cifra que subía al 63% en los niveles socioeconómicos más bajos. Además, cuando el colegio cierra, alguien tiene que quedarse a cuidar a los niños —y en el Perú, esa persona casi siempre es una mujer. Para las que trabajan generando ingresos diarios —vendedoras, trabajadoras ambulantes, pequeñas comerciantes— el cierre de colegios es directamente una semana sin ingresos.

Y no es la primera vez. En 2023, el ciclón Yaku llevó a suspender clases en varias regiones. En 2024 y 2025, la ola de extorsiones obligó a más de 450 colegios privados a cerrar o migrar a la virtualidad. Ahora, una emergencia energética. Ante contingencias distintas, la respuesta es siempre la misma: el colegio es la primera variable de ajuste. Lo preocupante es que esta vez el riesgo puede escalar: el año escolar de los colegios públicos comienza el 16 de marzo, y si la emergencia se extiende, el daño recaerá sobre los estudiantes que dependen del colegio no solo para aprender, sino para comer — más de 3,5 millones de niños reciben a través de Wasi Mikuna su única comida garantizada del día.

Hay alternativas que no pasan por las aulas.

La primera es dejar que el mercado de transporte se ajuste. Al no haber GNV disponible, los taxistas con vehículos duales migran naturalmente a la gasolina. Simultáneamente, el encarecimiento del taxi genera incentivos para que más conductores con autos a gasolina o diésel aumenten su oferta, poniendo más horas en la calle. Es el mecanismo básico de ajuste ante una escasez: el precio señaliza, la oferta se adapta, el mercado se equilibra. No se necesita intervenir en las aulas para que esto ocurra.

La segunda es compensar directamente a los afectados usando los mecanismos que ya existen. El programa de conversión a GNV opera con un chip registrado por vehículo a través del cual se cobra la cuota mensual del crédito: eso es un padrón de beneficiarios listo para usar, sin necesidad de construir nada. El propio Gobierno lo reconoció al anunciar el 6 de marzo que asumirá la cuota de S/120 para 165,000 vehículos convertidos. Esa misma lógica —identificar a los afectados y compensarlos directamente— es más eficiente y más justa que cerrar colegios.

La tercera es usar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles para amortiguar el alza de la gasolina, que llega presionada no solo por la crisis de Camisea sino también por el encarecimiento del petróleo tras la escalada del conflicto en Irán. Inyectarle recursos de manera temporal y acotada permitiría moderar el impacto en el bolsillo de los hogares sin tocar las aulas.

Defender las aulas no es una postura romántica. Es la diferencia entre una política pública responsable y una que convierte un problema puntual en consecuencias de largo plazo para quienes menos pueden absorberlas.