La inseguridad alcanza niveles alarmantes, afectando gravemente a las personas y a los negocios, especialmente por el grave incremento de casos de extorsión. Las denuncias por este delito pasaron de 3.863 en el 2019 a 22.192 en el 2024 a escala nacional, según información del Sistema de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP). En Lima, en el primer trimestre de 2025 se registraron 2.656 denuncias, un 27,8% más respecto del mismo período del año anterior.
La extorsión afecta a todo tipo de actividades y negocios. De acuerdo con diversos gremios, en el 2024 unos 4.000 panaderos fueron extorsionados, casi 3.000 bodegas cerraron y más de 400 colegios sufrieron extorsión antes del inicio de clases en el 2025. El 70% de las empresas de transporte formal son extorsionadas, y entre setiembre y abril del 2025, 15 conductores fueron asesinados y 20 heridos. En el sector construcción, seudosindicatos extorsionan a empresarios para no paralizar obras y a trabajadores para conseguir empleo, resultando en el asesinato de cinco dirigentes sindicales en el 2024 y 25 en total desde el 2011.
El temor a las represalias y la falta de confianza en las autoridades agravan la situación, y muchos casos no son denunciados. Según un informe de opinión del Instituto de Estudios Peruanos de enero del 2025, el 71% de los encuestados confía poco o nada en la PNP, el 73% poco o nada en la fiscalía y el 77% poco o nada en el Poder Judicial. La PNP ha reconocido la participación de policías en actos de extorsión, y el Congreso y el gobierno han dado leyes que dificultan la lucha contra el crimen.
Los pequeños negocios son los que finalmente asumen los costos de la inseguridad, estimados en medio millón de soles diarios por Videnza Instituto. Esto puede llevar a que estos negocios eviten la formalidad para poder afrontar dichos costos, no inviertan, reduzcan actividades o cierren, impactando gravemente en los tejidos económicos y sociales alrededor de ellos y en el empleo.
Ante la inoperancia y desconfianza en las autoridades, un peligro aún mayor es que las organizaciones criminales ocupen los espacios que deberían ocupar el Estado y los pequeños negocios. Estos negocios podrían preferir pagar a extorsionadores para garantizarse protección, y los jóvenes integrarse a organizaciones delictivas para procurarse un ingreso, en lugar de buscar un empleo. Y ya de cara a las próximas elecciones generales, la desafección al sistema político y a la democracia podría crecer a favor de opciones autoritarias.
Es crucial que, si no desde el gobierno, desde la sociedad se generen espacios para proponer medidas para el fortalecimiento institucional y asignación de recursos a la policía y la fiscalía, la revisión y corrección de la legislación que debilita la lucha contra el crimen, la atención y protección de la ciudadanía, y oportunidades de negocios y empleo formales, renovando la confianza en el sistema y en sus autoridades.
