El 94% de hospitales tienen una capacidad instalada inadecuada

Hablar de salud en el Perú revela profundas carencias estructurales y de gestión. La pandemia expuso la fragilidad del sistema de salud y nos brindó una oportunidad para reflexionar y actuar sobre las brechas existentes. A pesar de las inversiones millonarias, seguimos enfrentando carencias significativas.

Según el diagnostico situacional de brechas de Infraestructura del sector salud, el 98% de los establecimientos de salud de primer nivel de atención y el 94% de hospitales tienen una capacidad instalada inadecuada. En 2024, el sector salud recibió más de S/4.888 millones para proyectos de inversión, pero solo el 43,6% de los recursos se han ejecutado al 12 de agosto.

Lima, con la mayor brecha, ha utilizado solo el 20,8% de su presupuesto, y Arequipa (18,4%) y San Martín (13,5%) han ejecutado aún menos hasta la fecha. Esta ineficiencia refleja una falta de planificación y ejecución, poniendo en peligro la vida y el bienestar de millones de peruanos.

Arequipa ejemplifica este problema con el hospital Maritza Campos Diaz, cuyo costo ha aumentado de S/112,2 millones a S/181,5 millones, con un avance físico del 58%. La sinergia con otros proyectos como la Vía Cuatro Carriles, podría revolucionar el acceso a servicios de emergencia, pero la inacción mantiene ambos proyectos inconclusos.

Las ineficiencias y retrasos no son meros problemas administrativos; son una violación de los derechos fundamentales. La incapacidad del Estado para cerrar estas brechas implica que los ciudadanos no reciben la atención que merecen.

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Iniciativas como ReAcciona, que promueven la vigilancia ciudadana y la transparencia en la gestión pública, son más necesarias que nunca. El gobierno y la sociedad civil deben trabajar juntos para asegurar que los recursos destinados a la salud se utilicen de manera eficiente y efectiva.

No se trata solo de construir más hospitales, sino de garantizar que estos proyectos se completen a tiempo y con la calidad necesaria. Cada día sin una ejecución adecuada se traduce en vidas que podrían haberse salvado y en una mejor calidad de vida.

La infraestructura de salud no solo beneficia a los pacientes, sino que también impacta el desarrollo económico y social de las comunidades. Un sistema de salud robusto atrae inversiones, mejora la productividad laboral y fortalece la cohesión social.

Invertir en salud es invertir en el futuro del país. Es crucial que las autoridades rindan cuentas y se comprometan con la finalización de estos proyectos. La continuidad de la comisión especial “hospitales paralizados” en Arequipa, liderada por la Consejera Norma Ortega, y la Ley General de Contrataciones Públicas N° 32069, que prohíbe medidas cautelares que paralicen obras en sectores clave, son pasos en la dirección correcta.

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La salud no puede seguir siendo una promesa incumplida; es una urgencia inaplazable y un derecho inalienable. La inacción y la falta de eficiencia no solo afectan a los individuos, sino que retrasan el progreso del país. Necesitamos un compromiso renovado para priorizar la salud en todas las políticas públicas y asegurar que los recursos asignados se utilicen de manera óptima.

En conclusión, Perú está en una encrucijada. Tenemos los recursos y conocemos los puntos débiles de nuestro sistema de salud, pero necesitamos la voluntad y el compromiso para mejorarla. La salud es más que una inversión económica; es una inversión en nuestra gente, en nuestro futuro y en nuestra capacidad de construir una sociedad más justa y equitativa.