La revolución, la tierra y las instituciones

El documental “La revolución y la tierra” ha despertado una polémica sobre la interpretación de un episodio crítico en la historia del Perú: la reforma agraria del gobierno de Juan Velasco.

A través de una narrativa ágil y una cinematografía convincente, la película ofrece una visión de la reforma agraria diferente a la que predomina entre las élites económicas, víctimas de la expropiación. Aborda la reforma como un esfuerzo por corregir inequidades profundas y lacerantes, enquistadas en la institucionalidad de la época.

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Esa institucionalidad era terriblemente extractiva, diseñada para el beneficio de unos pocos en perjuicio de las mayorías.

La pregunta de fondo es por qué se fracasó en lograr una sociedad más justa.

Quizá una primera respuesta es que no teníamos un sistema político que lo permita.

El primer fracaso ocurrió en democracia. Fernando Belaunde, un presidente débil y asediado por una oposición beligerante en el Congreso, tuvo un primer intento de reforma insustancial.

La dictadura emprendió una reforma ambiciosa, pero la acompañó de políticas que tuvieron el efecto opuesto. El régimen de gestión colectiva de la tierra que instauró fue muy ineficiente y redujo la productividad agrícola. Los controles de precios y la expansión de las políticas de sustitución de importaciones encarecieron los precios de las manufacturas con relación a los productos agrícolas, lo que deprimió los salarios reales en el campo.

Esto impulsó la migración del campo a la ciudad, y la incapacidad de la industria protegida de crecer y absorber esa mano de obra dio lugar a una ola de informalidad. Según un estudio clásico de Witch y Schydlowsky, la cantidad de personas en empleos informales en Lima se duplicó entre 1968 y 1978. Parte de la inequidad en el mundo rural se trasladó al mundo urbano.

Más aún, durante el velascato, se acumularon severos desequilibrios económicos por la expansión de la actividad empresarial del Estado y el debilitamiento del sector exportador. Surgieron un déficit fiscal y de cuenta corriente que requirió endeudamiento externo. Paradójicamente, la dictadura nacionalista se hizo dependiente del capital extranjero. Cuando ese endeudamiento se frenó, hubo una crisis de balanza de pagos que sumió al país en una crisis económica aguda.

Velasco abolió el sistema semifeudal que existía, pero no logró la inclusión económica de la población marginada. Sus políticas la privaron de oportunidades, y eso tuvo secuelas de larga duración. Según un estudio de Martinelli y Vega, la gestión económica de Velasco podría haberle costado al país el equivalente a 50% del PBI entre 1968 y 1990.

Quizá si el sistema político hubiese podido canalizar de manera constructiva el conflicto por la distribución de la tierra se habría podido democratizar el régimen sin un desastre económico. La pregunta que sigue acechando, y que es pertinente hoy, es por qué el desenlace de nuestras grandes taras tiene que ser tan traumático.