En el Perú, hablar de Asociaciones Público-Privadas (APP) en salud todavía genera resistencias ideológicas que muchas veces impiden una discusión técnica y basada en evidencia. Sin embargo, después de más de una década de experiencias concretas, resulta válido preguntarse por qué seguimos debatiendo si el sector privado debe participar en la gestión de servicios de salud, en lugar de concentrarnos en cómo aprovechar mejor los modelos que ya han demostrado resultados positivos para los ciudadanos.
La verdadera discusión no debería girar en torno a prejuicios, sino sobre la capacidad del Estado para garantizar servicios oportunos, eficientes y sostenibles en un contexto de enormes brechas de atención, infraestructura y acceso a medicamentos.
Uno de los casos más relevantes es el modelo implementado por SALOG en EsSalud. Más allá de las posiciones políticas, lo cierto es que esta experiencia permitió ordenar un componente crítico del sistema: la gestión logística de medicamentos e insumos médicos. Y cuando la logística falla en salud, quienes terminan pagando las consecuencias son los pacientes.
Las evaluaciones realizadas durante su funcionamiento evidenciaron mejoras importantes en eficiencia operativa, reducción de sobrestocks, menores compras de emergencia y una mayor disponibilidad de medicamentos. Pero el principal impacto no fue administrativo ni contable. Fue ciudadano. Miles de asegurados pudieron acceder con mayor continuidad a sus tratamientos, reduciendo los quiebres de stock y la incertidumbre que históricamente ha caracterizado al sistema público de salud.
Dentro de esta experiencia, el programa Farmacia Vecina constituye probablemente el ejemplo más claro de cómo la colaboración con el sector privado puede generar valor público. El modelo permitió que pacientes recogieran sus medicamentos en farmacias cercanas a sus domicilios, evitando desplazamientos innecesarios, largas colas y pérdidas de tiempo.
Durante la pandemia, su importancia quedó aún más clara. Mientras los hospitales colapsaban y la atención presencial era limitada, Farmacia Vecina garantizó la continuidad de tratamientos para miles de pacientes con enfermedades crónicas. En muchos casos, fue la única alternativa efectiva para acceder a medicamentos sin poner en riesgo la salud de los asegurados.
Y, sin embargo, pese a los resultados obtenidos, el modelo no se consolidó como una política pública permanente. El debate volvió a contaminarse de posiciones ideológicas, dejando de lado la evidencia acumulada y desaprovechando herramientas que podrían contribuir significativamente a cerrar brechas en el sistema de salud.
Esto resulta especialmente preocupante en un país donde las necesidades seguirán creciendo. El envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la limitada capacidad operativa del Estado exigen soluciones innovadoras y pragmáticas. Pretender que el sector público podrá resolver solo todos estos desafíos no parece realista.
La inversión privada no debe entenderse como una sustitución del Estado, sino como un complemento que permita ampliar capacidades, incorporar eficiencia y mejorar servicios para los ciudadanos. Lo importante es que existan adecuados mecanismos de supervisión, transparencia y rendición de cuentas.
Las experiencias de APP en EsSalud no se limitan a SALOG. Otros ejemplos exitoses son los hospitales Alberto Barton y Guillermo Kaelin, manejados por IBT Group, así como la APP del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en el ámbito del MINSA. Son contextos distintos, pero el mensaje es el mismo: el modelo funciona cuando se le da estabilidad y conducción.
En salud, los pacientes no necesitan debates ideológicos interminables. Necesitan acceso oportuno a medicamentos, atención de calidad y soluciones que funcionen. Y cuando existe evidencia de que ciertos modelos ayudan a lograrlo, lo responsable no es descartarlos por prejuicio, sino perfeccionarlos y escalarlos.
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