Editorial: ¿Quién ahogó la ‘ley pulpín’?
Editorial: ¿Quién ahogó la ‘ley pulpín’?
Redacción EC

Ha vuelto al debate público la necesidad de implementar una . Se trata de un tema urgente y postergado, dado que más del 70% de los peruanos en edad de trabajar son informales. Especialmente vulnerables son los jóvenes, entre quienes la tasa de informalidad llega casi al 80%.

Atendiendo este problema, en marzo de este año el Ejecutivo presentó el proyecto de ley 1104, que algunos medios han llamado ‘ley pulpín 2.0’. La propuesta de norma, actualmente debatida en dos comisiones del Congreso, propone otorgar un subsidio a las empresas para cubrir los pagos a Essalud de trabajadores entre 18 y 29 años. A diferencia de la llamada ‘ley pulpín’ del 2014, todos los beneficios para el trabajador permanecen intactos.

La propuesta del 2014, que recortaba ciertos beneficios como la compensación por tiempo de servicio (CTS), las gratificaciones y las vacaciones, enfrentó un masivo rechazo. La población la interpretó como una eliminación de derechos laborales existentes, aun cuando solo una pequeña minoría gozaba de ellos. No hay duda de que la nueva propuesta tiene mayores posibilidades de ser aprobada y mantenida. Sin embargo, es improbable que tenga un efecto sustancial sobre la informalidad.

La lógica detrás de la ‘ley pulpín 2.0’ es que, al reducir costos de la contratación formal, los empleadores se animarán a incluir trabajadores en sus planillas. ¿Pero qué tan realista es esta predicción? La contribución a Essalud representa alrededor del 6% del gasto en planillas de los empleadores, una fracción mínima si se le compara con otras prestaciones como gratificaciones, CTS, vacaciones y pensiones, que juntas representan 32% del gasto en planillas. Dadas estas cifras, no parece realista que un incentivo de 6% motive a las empresas a incurrir en un gasto de más de 30% para contratar formalmente.

A ello se suman las complejidades de implementación. Sin una adecuada supervisión, es muy probable que este incentivo termine beneficiando a las empresas que ya contratan a jóvenes en planilla y que ahora podrán reducir su costo. Es decir, el incentivo terminaría siendo un subsidio al empleador sin ningún impacto sobre formalización.

En lugar de este tipo de incentivos, el Gobierno haría bien en abordar el problema de fondo: la inflexibilidad laboral. Según el World Economic Forum, el Perú ocupa el puesto 130 de 138 países en flexibilidad laboral. Es por ello que las empresas evitan contratar formalmente: ante un bajón en la actividad de la empresa o un pobre desempeño del personal, el despido resulta costosísimo.

Está claro que eliminar la estabilidad laboral resulta políticamente inviable, pero existen alternativas intermedias que combinan flexibilidad para la empresa y seguridad para el trabajador (lo que los europeos llaman “flexicurity”). Una opción es introducir un régimen que provea todas las prestaciones del régimen general, pero por plazos determinados por contrato, que venga acompañado de un seguro al desempleo o un subsidio para incrementar los aportes a la CTS (que para todo fin práctico es también un seguro). El presidente Kuczynski planteó la propuesta del seguro durante la campaña, pero aún no se han dado pasos decisivos en esta dirección.

En cualquier caso, para garantizar la viabilidad política de las reformas, todo nuevo régimen debe ser opcional y paralelo a los existentes, de modo que no se afecte a los trabajadores que ya son formales.

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