Para muchos políticos, intervenir en un mercado parece un acto aislado. Sin embargo, en la realidad, ninguna transacción ocurre en el vacío. La Teoría del Equilibrio General nos advierte que las repercusiones de una medida puntual tienen efectos a través de toda la economía, generando consecuencias sistémicas que, a menudo, terminan siendo mucho más graves y dañinas que el problema original que se pretendía resolver. Sin una atención mínima a estos efectos colaterales, la toma de decisiones en materia de políticas públicas se convierte en un potencial generador de inestabilidad para una nación.
En este contexto, es imperativo que el análisis de las políticas públicas se centre menos en las intenciones y más en las causas sistémicas y en los incentivos que dichas acciones generan. La economía es un proceso dinámico de creación constante donde los resultados deben validarse en función de lo que realmente emerge de la interacción humana y no de los objetivos mencionados en un decreto. Cuando se ignora esta dinámica, el Estado suele aplicar regulaciones que terminan surtiendo efectos contrarios a los buscados, afectando la competencia y las libertades individuales. El orden social y los mercados surgen de un orden espontáneo coordinado por millones de personas, y no de una planificación centralizada.
Un ejemplo de esta desconexión se observa en la implementación de controles de precios. Estos mecanismos limitan el rol fundamental de los precios: brindar información para una asignación eficiente de recursos escasos. Esta distorsión se vuelve particularmente crítica cuando se intenta controlar las tasas de interés en el sector financiero, que es el precio del capital que equilibra la oferta y la demanda. Esta tasa refleja no solo la preferencia temporal, sino también el riesgo de impago y los costos operativos de procesar un préstamo.
Al imponer topes a las tasas de interés, el resultado sistémico es una reducción de la oferta de créditos. Lejos de ayudar a los más necesitados, estas leyes terminan descalificando a las personas de menores ingresos del mercado formal, ya que el tope legal no permite cubrir el riesgo asociado a sus perfiles. Así, la intervención estatal que buscaba “proteger” al ciudadano termina empujándolo a la informalidad o negándole el acceso al capital necesario para su desarrollo, creando mercados paralelos desregulados con sus propios mecanismos de ajuste.
Finalmente, estas políticas no solo son económicamente ineficientes. Constituyen también una afrenta directa a nuestras libertades individuales y al derecho inalienable de asociación. Si una entidad financiera y un prestatario están dispuestos, de manera voluntaria y sin coacción, a forjar una alianza bajo términos que ambos consideran beneficiosos, el Estado no tiene legitimidad para impedirlo. ¡El fin último de un marco institucional debe ser preservar y ampliar las libertades para generar una mayor competencia, no restringirlas bajo el velo de un intervencionismo que solo genera exclusión!
