Minería ilegal: riqueza rápida, pobreza estructural

En diversas regiones del país, la minería ilegal se ha instalado como una de las principales actividades económicas. A simple vista, genera ingresos inmediatos, dinamiza el comercio local y ofrece empleo donde el Estado ha estado ausente por décadas. Sin embargo, este aparente progreso es en realidad un espejismo. Bajo la promesa de riqueza rápida y grande, se esconde la creación de un modelo de pobreza estructural, violencia, delincuencia y degradación ambiental, que lamentablemente, hipoteca el futuro de estas zonas.

Los últimos acontecimientos ocurridos en Pataz, a los que se suman muchos más ocurridos en diversas zonas mineras desde hace mucho tiempo, y la discusión interminable en el Congreso y en el Ejecutivo sobre el Reinfo y la nueva Ley MAPE revelan que el problema de la minería ilegal no es solo un problema ambiental o de evasión fiscal, es mucho más complejo. La situación de la minería ilegal hoy es una expresión de un Estado débil, incapaz de ofrecer alternativas económicas sostenibles y de ejercer autoridad en su territorio. La producción de oro fluye sin control, así como también lo hace la informalidad, las mafias, la trata de personas y el clientelismo político. Las comunidades, muchas veces atrapadas en la necesidad y el abandono, se ven obligadas a participar de un sistema que les ofrece ingresos, pero les quita salud, seguridad y derechos.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Recíbelo

Según estimaciones del IPE, en el 2024, el Perú exportó 92 toneladas de oro ilegal, valorizadas en US$ 7.415 millones, y se estima que en 2025 esta cifra podría alcanzar entre 105 y 115 toneladas, con un valor estimado de US$ 12.000 millones. Pese a esta aparente bonanza, las regiones afectadas no presentan mejoras sostenidas en indicadores sociales. Por el contrario, enfrentan tasas más altas de deforestación, contaminación de ríos con mercurio y disputas violentas por el control de territorios. Solo en Madre de Dios, más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal, generando un enorme problema ambiental y de salud para las comunidades locales e indígenas. Además, la riqueza generada no se reinvierte en infraestructura, educación o servicios públicos. Por el contrario, el beneficio se concentra en redes ilegales que coactan y corrompen autoridades y distorsionan la economía local.

El problema no es solo la ilegalidad, sino la falta de visión territorial. Durante años, la respuesta ha sido la represión poco eficaz y la indiferencia institucional. Erradicar la minería ilegal significa ofrecer caminos de transición económica. La ausencia de ello significa condenar a estas poblaciones a la exclusión. Se necesita una política pública que no solo prohíba, sino que proponga: acceso a crédito, inversión en infraestructura productiva, educación técnica, titulación de tierras, entre otros. No basta con realizar operativos o declarar estados de emergencia. Se requiere presencia estatal permanente, articulación entre niveles de gobierno y una mirada que combine desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental.

La economía ilegal prospera donde el Estado fracasa. Si queremos un país que no dependa de la ilegalidad y no deprede nuestros recursos, se deben construir alternativas viables. Eso implica asumir que la minería ilegal no es solo una actividad económica, sino un síntoma de un modelo que debemos transformar. Además, esta realidad puede repetirse, como ya sucede en otros sectores: tala ilegal, tráfico de tierras, pesca no regulada y comercio informal a gran escala. Todos florecen donde el Estado no llega o llega tarde, y donde la necesidad se impone sobre la ley. Enfrentar estas economías ilegales exige algo más profundo que operativo: requiere reconstruir el pacto entre Estado, el territorio y la ciudadanía.