Mucho por hacer

Toda empresa de consumo masivo de alimentos tiene que mirar las cifras sobre seguridad alimentaria y nutrición. A escala local, regional o global, acceder a esta data nos da luces sobre dónde debemos poner los esfuerzos a la hora de ofrecer un portafolio determinado e implementar nuestros programas de impacto social.

En esa línea, resultan reveladoras las cifras del último informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, conocido como SOFI, y que ha sido recientemente publicado por cinco organismos especializados de las Naciones Unidas.

Son números alarmantes que nos deben llevar a la acción: 733 millones de personas pasaron hambre en el 2023. Es decir, una de cada 11 personas en el mundo.

Si esta tendencia se mantiene, los expertos calculan que aproximadamente 582 millones de personas estarán crónicamente desnutridas de cara al 2030. La mitad de ellas estarán en África.

Estos resultados, presentados en el contexto de la reunión ministerial en Brasil del Grupo de Acción del G20 para la Alianza Mundial Contra el Hambre y la Pobreza, advierten que se está muy lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible “Hambre Cero” (ODS 2) para el 2030. Este escenario pone en riesgo a una siguiente generación, cuando vemos que hoy uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre desnutrición, lo que conlleva a consecuencias negativas a largo plazo.

Los niveles de inseguridad alimentaria han permanecido prácticamente sin variaciones a escala mundial de 2022 a 2023. Se estima que, en el último año, el 28,9 % de la población mundial padeció inseguridad alimentaria moderada o grave, siendo América Latina y el Caribe la única región en la que se aprecia una reducción significativa.

Como latinoamericanos, nos debe motivar que nuestra región muestre progresos, pero los esfuerzos no son suficientes cuando aún el 6,2% de su población pasa hambre. Estamos hablando de más de 40 millones de ciudadanos.

La seguridad alimentaria necesita un enfoque integral que abarque desde la producción hasta el consumo, involucrando a todos los actores de la sociedad. El Estado, como actor principal y articulador, debe ser el motor de este cambio hacia sistemas alimentarios más equitativos.

Desde el sector privado debemos trabajar en alianza con las autoridades, agencias y organismos multilaterales que puedan ayudar a identificar soluciones reales para acabar con el hambre y la malnutrición, ayudando a proveer acceso a alimentos inocuos, nutritivos y en cantidades suficientes a las poblaciones vulnerables.

Los esfuerzos en innovación y desarrollo, en expansión de capacidad productiva y en búsqueda de eficiencias desde las empresas suman a esta titánica tarea. Este compromiso se refleja a través de intervenciones en la comunidad encaminadas a combatir la anemia y en democratizar el acceso a productos de calidad. Sin duda, no hay tiempo que perder.