La minería es, sin duda, uno de los pilares del desarrollo económico y social del Perú. Pero también es cierto que, para seguir siendo competitivos a nivel global, debemos revisar con mirada crítica —y constructiva— los obstáculos que limitan su crecimiento. Uno de los más relevantes es la burocracia, cuya complejidad y lentitud no solo retrasa inversiones, sino que también genera incertidumbre y desincentiva nuevas iniciativas.
Hoy tenemos una cartera de 68 proyectos mineros por US$63 mil millones. Esta es una gran noticia. Pero también es una llamada urgente para agilizar los procesos para que estas inversiones se conviertan en realidad. Que un trámite tome más de una década no es normal, menos en un país donde la minería es clave para el desarrollo.
El problema no es solo la cantidad de trámites, sino la complejidad del sistema: limitada articulación, funciones superpuestas y falta de capacidad técnica. Actualmente, cerca de 30 entidades públicas —como Minem, Senace, Serfor, ANA, Serfor, Minam, gobiernos regionales, Midagri, OEFA, Osinergmin, Sernanp, entre otras— intervienen, en distintas etapas del proceso para la obtención de permisos para la inversión minera. Esto genera sobrecostos, retrasos y pérdida de oportunidades.
Además, gran parte de la cartera de proyectos está ya invadida por personas inscritas en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) sin que se respete el estado de derecho. Lo que nació como una herramienta para ordenar la pequeña minería, hoy permite que actividades ilegales se desarrollen en áreas ya destinadas a inversiones con permisos, sin cumplir los mismos estándares técnicos, sociales ni ambientales. Esta situación desalienta la inversión y complica la planificación de nuevas operaciones.
Ahora bien, parece que se ve la luz al final del túnel. La anunciada Ventanilla Única Digital del sector minero, prevista para julio, puede transformar la relación entre el Estado y los inversionistas, integrando procedimientos, reduciendo tiempos y mejorando la transparencia. Asimismo, la estrategia del Gobierno que incluye más de 400 medidas de desregulación —también en minería— es una señal positiva de cambio. Y, representa una oportunidad para que el sector privado y los gremios técnicos sumemos propuestas y soluciones.
Superar el laberinto burocrático requiere un trabajo conjunto entre Estado, empresas y sociedad civil. Solo así podremos construir un entorno regulatorio eficiente, que facilite los proyectos sin comprometer los estándares sociales y ambientales.
El Perú tiene todo para seguir liderando la minería global, pero no lo lograremos si no enfrentamos con decisión los cuellos de botella. Hacerlo hoy es de vital importancia, pues otros destinos de inversión están emprendiendo la misma carrera. Apostemos por un Estado que no solo acompañe la inversión, sino que la potencie. Porque detrás de cada proyecto que se activa, hay empleo, desarrollo local y bienestar para miles de familias peruanas. ¡Si se puede!
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