Aún estamos a tiempo

En menos de un año, los peruanos elegiremos a 25 gobernadores regionales y más de 1.800 alcaldes, entre provinciales y distritales. Gran parte de las normas que regirán esas elecciones ya fueron aprobadas por el Congreso.

Entre lo positivo destaca impedir que personas con sentencia firme por delitos de corrupción de funcionarios, peculado y colusión postulen a cargos de elección popular. Sin embargo, la reforma electoral está inconclusa. Aún permanece la puerta abierta para el ingreso de dinero ilegal a la política, pues no se establecieron sanciones políticas efectivas, como podría ser la exclusión del partido o del candidato del proceso electoral. Las multas vigentes que aplica la ONPE no son disuasivas y nadie las paga. Peor aun, los partidos solo están obligados a informar a la ONPE sobre sus ingresos y gastos de campaña luego de concluida la elección, un verdadero despropósito que dificultará la transparencia y la vigilancia.

Esta situación preocupa, pues como ha informado el embajador Allan Wagner, presidente de la Asociación Civil Transparencia, los gastos de las campañas electorales en el Perú han pasado de S/23 millones en el 2006 a S/66 millones en el 2016. La tendencia revela que los partidos y candidatos seguirán buscando financiamiento de cualquier manera y que los partidos seguirán expuestos al dinero ilícito en donde priman los intereses subalternos.

Este panorama poco alentador para la transparencia de una elección tan relevante para todos los peruanos tiene que convertirse en un reto ciudadano. Tenemos que impedir la elección de autoridades corruptas: ya van 67 gobernadores y ex gobernadores, 102 alcaldes provinciales y 428 alcaldes distritales elegidos para el período 2015-2018 investigados y procesados por corrupción, según la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción. Recientemente descubrimos que funcionarios públicos de la Municipalidad de Villa María del Triunfo integraban una organización criminal. Desde el 2016 hasta el tercer trimestre de este año, se ha condenado a 1.760 funcionarios públicos por delitos contra la administración pública, según la Fiscalía de la Nación.

Los ciudadanos tenemos que ser más responsables con nuestro voto. No podemos dejarnos engañar por promesas carentes de veracidad y viabilidad, por mítines ostentosos o regalos interesados. No debemos dejarnos engatusar por mercachifles de la política como, entre otros, Waldo Ríos –hoy preso–, quien en el 2014 ofreció regalar S/500 mensuales a todos los ancashinos si ganaba la elección regional. Candidatos así, sin escrúpulos para mentirnos, muy probablemente tampoco los tengan para conseguir dinero ilícito. ¡Expongamos a los inescrupulosos ante la opinión pública para no elegirlos! Las redes sociales y las organizaciones civiles pueden ser protagonistas influyentes en este proceso.

Los empresarios honestos tienen que denunciar las solicitudes indecentes de candidatos o partidos corruptos. Lo que el momento demanda es que rechacen favores políticos y que denuncien a quienes los soliciten para que no puedan recurrir a nadie más. El periodismo jugará un rol crucial en investigar, denunciar y marcar la agenda sobre lo realmente importante para el país.

No podemos permanecer pasivos ante la mentira y la corrupción. Es momento de actuar. Aprendamos las lecciones de lo que nos está pasando y hagamos una gran cruzada ciudadana para detectar y castigar a los candidatos y partidos corruptos, y premiar a los honestos con vocación de servir al Perú. Aun con una reforma electoral a medias, podemos hacer algo para botar a la corrupción de este proceso. Aún estamos a tiempo. 

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