Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). (Foto: USI)
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis). (Foto: USI)
Juan Carlos Odar Zagaceta

La semana pasada, la destacó la necesidad de renovar la política social con el fin de revertir la desaceleración reciente de sus avances. De hecho, mostró que bajo las condiciones actuales ni siquiera un crecimiento promedio sostenido de 5% hasta el 2030 garantiza alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible (tasa de pobreza total de 10,9% y erradicación de la pobreza extrema).

Para revertir dicho escenario, planteó una nueva Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, basada en una visión multisectorial en la que la población objetivo es la total del país y ya no solo las personas afectadas por la exclusión social (aunque seguirían siendo las priorizadas). Para ello se desarrollará un sistema de protección social.

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Este apuntará a garantizar el acceso a la atención integral de salud para todos y un ingreso básico (IB) para tres grupos de la población: adultos mayores y personas con discapacidad, hogares con niños y adolescentes, y personas en edad activa en situación de vulnerabilidad.

Es una propuesta ambiciosa, pero ¿de dónde saldrían los recursos para financiar dicha política? De hecho, un problema que tuvo la Comisión de Protección Social en el 2017 fue verificar que se enfrentaba con restricciones fiscales significativas. Por supuesto, el monto que se necesite dependerá de las metas que se planteen. Por ejemplo, un IB para todos los mayores de 65 años equivalente al otorgado mediante Pensión 65 implica un gasto anual de 0,4% del PBI (actualmente, es menos de la cuarta parte); si se quisiera llegar a S/300 al mes, el gasto subiría a 1,1% del PBI. De igual modo, si el IB para hogares con menores de edad fuera S/125 mensuales, el gasto anual sería 0,9% del PBI. Pero, ¿qué pasará en hogares con más de un menor de edad? ¿Recibirían un monto mayor? ¿Y qué criterios se seguirían para actualizarlo?

No hay datos de incumplimiento tributario para el 2018, pero recuperando la mayor eficiencia que el Impuesto a la Renta para empresas (IR) y el IGV alcanzaron desde el 2007, la recaudación por estas dos fuentes podría subir en 1,4% del PBI (32% de ese monto generado por el mayor IR). Más aun, el incumplimiento de ambos impuestos fuera la mitad del de 2017, la presión tributaria subiría en 3,8% del PBI (41% del alza, gracias al IR).

Mejorar la cultura tributaria y recuperar la recaudación resultan cruciales para el éxito de esta política. Pero no sería suficiente. Por ejemplo, en el caso de salud, se debe enfrentar la fragmentación y coexistencia de diversos subsistemas, que no funcionan de la manera más eficiente posible; solo asignar más recursos al sector no es la solución.

Es un gran paso reconocer que la política social debe ser revisada. Lo es también buscar una mayor coordinación al interior del sector público y de este con el privado. Pero lo clave es que así se avanzaría hacia una mayor eficiencia del Estado.