Ocho meses inciertos, por David Tuesta

Han pasado más de diez años desde que el Perú fuera reconocido unánimemente como país de grado de inversión. Esta distinción, sin duda, se ha constituido en una poderosa señalización para los inversionistas respecto a la seguridad financiera que brinda el país gracias a sus políticas económicas de largo plazo, su prudencia fiscal y monetaria, así como la presencia de un clima de estabilidad política y respeto de las instituciones. Viendo todo lo que estamos experimentando hoy, cabría preguntarse si esta clasificación sigue siendo válida para el país.

El contexto de pandemia ha azotado a todas las economías del mundo y nos ha dejado un largo camino cuesta arriba para intentar recuperarnos. Pero, lo cierto es que nuestros problemas se vienen encubando hace una década, desde que se perdió la brújula del crecimiento sostenible y de la mínima estabilidad política. Las reformas avanzadas se detuvieron; resurgieron los movimientos “anti”, frenando todo aquello que significaba progreso; se fueron ralentizando nuestras ganancias de productividad, y con ello la dificultad no sólo de crecer vigorosamente, sino también de continuar con el patrón de reducción de la pobreza que experimentamos con satisfacción. Y luego, con el estallido del pus de la corrupción que nos explotó en la cara, llegamos a este presente donde la inestabilidad política reina sobre lo económico.

En este quinquenio inconcluso en el que ya “ostentamos” dos presidentes renunciantes y una vacancia, contamos hoy con un gobierno interino que tiene un tremendo reto, dada las condiciones del país: cumplir ocho meses de mandato para ceder la posta al próximo presidente electo. Y este corto trayecto se presenta con enormes retos en lo económico; y ya no sólo por la pandemia, sino por el bombardeo de normas populistas y otras intenciones no santas de nuestros congresistas.

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Así, el primer reto económico de este gobierno será evitar que el Congreso termine de desbarrancarnos hacia otro quinquenio perdido. Por ejemplo, una de las bombas que habrá que desactivar con urgencia será la de la devolución de los aportes a la ONP que, además de ser inconstitucional, requeriría eventualmente un desembolse del Tesoro Público de casi 2 puntos del PBI en el cortísimo plazo. En fila están descansando otros proyectos peligrosos que quizá pronto se reactivarán como el de control de tasas de interés en el sistema financiero. Aquí el Gobierno debe plantear una línea de defensa inexpugnable.

Si de lo anterior se logra salir con éxito, queda al Gobierno ejecutar con mano de cirujano las acciones que eviten que la pandemia continúe carcomiendo más al país. En una situación donde los riesgos de un rebrote de contagios del COVID-19 no se puede descartar, es difícil generar reactivación económica más allá del rebote estadístico, considerando que familias y empresas mantienen contenidas sus decisiones de inversión y consumo. Así, sólo queda que el Gobierno actúe, con los pocos grados de libertad que posee, en la ejecución de los programas de inversión pública en marcha, que en algo ayudarán. El empleo es otro tema de prioridad, pero bajo la actual incertidumbre es difícil que una empresa formal se anime a contratar sabiendo lo que cuesta. Lo sabio para el gobierno, en todo caso, será evitar que las cifras de desempleo se deterioren aún más. Para ello, será sustancial considerar todas aquellas medidas que puedan animar a las empresas formales, ya no a contratar, sino al menos a evitar que se despida más personas. Así, el proyecto de subsidio a las planillas deberá revaluarse, así como una eventual postergación del pago de la CTS.

Y finalmente, las carteras de economía y sectoriales tendrán que desplegar todo su esfuerzo para allanar el terreno que evite que el próximo gobierno se encuentre con un escenario económico inmanejable. Así, además de impedir que el país sucumba al populismo congresal, sería importante avanzar con algunas tareas que pueda abrir la puerta al retorno a una verdadera reactivación a partir de julio. Por ejemplo, habría que dejar a punto toda la normativa relacionado a inversiones vía asociaciones público privadas (APP); mejorar el ambiente para el despegue de la minería y la agricultura moderna; evitar quiebres institucionales provenientes de cambiar las reglas de juego que alteren las decisiones de inversión (como en el caso del sector eléctrico); detener el avance de una reforma de pensiones estatista que puede afectar los derechos de propiedad; y, seguir apuntalando el plan de competitividad. Todo esto no debería postergarse si deseamos aspirar a tener una mínima chance de retomar la seguridad económica básica que poseíamos hace no mucho tiempo.

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