En el Perú, la dicotomía entre crecimiento económico y protección ambiental ha sido motivo de debate constante. Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció un ‘shock’ desregulatorio, destinado a eliminar barreras burocráticas y reducir/simplificar trámites y permisos para acelerar la inversión pública y privada. Si bien esta medida busca dinamizar la economía, es esencial analizar cómo una regulación eficiente puede armonizar la inversión con la sostenibilidad ambiental.
La eficiencia regulatoria no implica necesariamente la eliminación de controles, sino su optimización. Un marco regulatorio bien diseñado puede facilitar inversiones sostenibles, garantizando que los proyectos cumplan con estándares ambientales sin incurrir en demoras innecesarias. La clave radica en simplificar procesos, sin comprometer la calidad de las evaluaciones ambientales.
El país cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), cuyo ente rector el Ministerio del Ambiente, pero que es transversal a todos los sectores públicos, y que tiene por objetivo la identificación, prevención, supervisión y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos significativos. El Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) es el que certifica las inversiones más complejas y grandes, y evalúa los estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d); sin embargo, los ministerios, gobiernos regionales y locales conducen el proceso de evaluación de impacto ambiental de todos los demás proyectos de inversión. Lo importante del sistema es que permite que los criterios de evaluación sean homogéneos por tipo de proyecto.
Desde el 2024, se vienen observando cambios en las normas del SEIA y de Senace, que están debilitando su rol. Por ejemplo, ahora son los propios ministerios los que clasificarán los proyectos para determinar el tipo de EIA que se debe presentar, dando lugar a la discrecionalidad de cada sector. Así también en noviembre del año pasado, a través de un DS del Minam, se anunció la modernización y reorganización del Senace que, si bien puede verse de manera positiva en términos de mejorar procesos técnicos y administrativos, la poca claridad de la intervención lleva a inquietudes sobre la posibilidad de flexibilizar las normas ambientales debilitando aún más el sistema.
Sin duda, existe espacio para la mejora de la certificación ambiental. La OECD manifestó en el estudio sobre el desempeño ambiental peruano la necesidad de seguir fortaleciendo el Senace. Mejoras como la implementación de análisis previos que identifiquen áreas aptas para el desarrollo, como lo hace Colombia con sus líneas de base regionales; dotar a las entidades ambientales de recursos y capacidades para realizar evaluaciones eficientes, rigurosas y rápidas, como lo hizo Chile con su tipología de proyectos que permitió reducir los tiempos de respuesta, ofrecer incentivos a proyectos que adopten prácticas respetuosas con el ambiente, entre muchas otras se pueden ser implementadas.
El dilema entre desarrollo e inversión es, en realidad, un falso dilema. Se puede crecer protegiendo el ambiente, pero solo si se entiende que la regulación no es un obstáculo, sino una herramienta para ordenar y dar legitimidad al crecimiento.
