
A finales del 2024, la Cámara de Comercio de Lima me invitó a conversar con jóvenes interesados en formar parte de su programa de Semilleros para Futuros Funcionarios Públicos, y responder a la siguiente pregunta: ¿Vale la pena el servicio público? Ante tantas noticias de corrupción, sumado al maltrato que reciben personas integras que optaron por la gestión pública y que hoy son sometidas a juicios interminables o censuras; pareciera que la respuesta inmediata es un rotundo no.
Para empezar, ¿vale la pena servir? Como personas, como individuos, ¿servir a otros tiene valor? O nos pone al final de la carrera, en el peldaño más bajo de la escalera. Desde el punto de vista del liderazgo, servir a los demás debe ser siempre nuestro objetivo, independientemente del puesto de trabajo o del sector donde trabajemos. Esa es la esencia de la vocación de servicio. Ayudar a otros a que potencien sus habilidades y lograr juntos una hazaña, es el ejemplo de ese líder o lideresa que no está adelante – para la foto o la conferencia de prensa en un foro internacional – sino a nuestro lado, apoyando a que en conjunto todos estemos en una mejor situación, y seamos una versión mejor de nosotros mismos.
¿Vale la pena el servicio público? Las organizaciones de la sociedad civil y las empresas podemos generar valor público, pero no tenemos el alcance que tiene el sector público. Reducir las brechas en nuestro país, y promover la creación de más empresas y más empleo, requieren de gran escala. Recordemos los desastres en el norte por el Fenómeno del Niño del 2017 o la pandemia del COVID-19, era sólo el Estado a través de las fuerzas armadas o el sector salud el que podía llegar a los lugares más difíciles por nuestra geografía.
En ese sentido, sería loable que jóvenes talentos, dotados de integridad, empatía e innovación, puedan ingresar a gestión pública. Al respecto, Servir, la Secretaría de Integridad, y las propias instituciones del Estado deben garantizar procesos meritocráticos y una implementación adecuada de las políticas de recursos humanos, que nos alejen de sistemas informales pero existentes como los “tarjetazos” “mochasueldos” o “proxenetas”.
Y podemos empezar de a pocos. Las instituciones públicas tienen marcos normativos y acciones que implementar como el Modelo de Integridad, o el ISO Antisoborno. Pero se puede hacer más. En la edición 2023 del Premio a las Buenas Prácticas en Gestión Pública, el porcentaje de experiencias que utilizaron mecanismos anticorrupción en su diseño o implementación fue de 36%, para el 2024 esa cifra se incrementó a 42%. Cada acción pública pueda ser pensada, medida y monitoreada con indicadores de integridad.
El ideal es contar con un servicio civil con los mejores profesionales con real vocación de servicio. Sin embargo, hasta que logremos ese ideal debemos trabajar con personas con una gran heterogeneidad en formación, origen, trayectoria y experiencia. El desafío es motivar e incentivar a ese grupo heterogéneo a optar por mecanismos íntegros y de la mano con el bien común. ¿Serán capaces las actuales autoridades de asumir ese desafío?