Tía María: así se desarrolla el segundo día de protestas en Islay. (Foto: Zenaida Condori)
Tía María: así se desarrolla el segundo día de protestas en Islay. (Foto: Zenaida Condori)

(Por Marcial García, socio de Impuestos de EY Perú) Resulta desconcertante que el gobernador de , , esté buscando la anulación de la licencia de construcción otorgada a , cuando debería estar promoviendo la inversión en su región para sacar la economía de su estancamiento.  

Lamentablemente, no es la única autoridad que se ha mostrado en contra de la actividad minera. En las últimas elecciones regionales y municipales, un alto número de candidatos con antecedentes cuestionables y posturas radicales consiguieron el cargo público al que estaban postulando.  



 Este parece ser el caso de Cajamarca, donde ganó la gobernatura Mesías Guevara con un marcado discurso antiminero. Aunque tiene a su cargo la región con mayor participación en la cartera de proyectos mineros, representando el 30,8% (US$18.200 millones), la minería no figura entre sus prioridades.  

De hecho, ha manifestado una y otra vez su oposición a proyectos como Conga. Esa actitud es incomprensible considerando que Cajamarca tiene el nivel de pobreza más alto del país (46,3%), y que sin inversión y mayor empleo salir de esa situación es imposible.

Pero ese desalentador panorama no termina ahí. En Moquegua –que alberga el 10,8% de las inversiones del sector (US$6.386 millones)– obtuvo la victoria electoral Zenón Cuevas, quien es recordado por haber sido uno de los organizadores del llamado ‘moqueguazo’ del 2008, donde se tomaron carreteras para exigir una mejor distribución del canon minero.

Por si fuera poco, en Puno, Walter Aduviri logró el primer lugar en la votación, a pesar de afrontar un proceso penal por encabezar la violenta revuelta denominada el ‘aimarazo’, en el 2011, en contra del proyecto minero Santa Ana, en la que se quemaron edificios de instituciones públicas.  

En parte, estos resultados son un reflejo del descontento de la población rural con el manejo de los recursos derivados de la minería. El problema de fondo es que no siempre se han traducido en una mejora de su calidad de vida.  

Una gran cuota de responsabilidad recae en los propios gobiernos regionales, que cuentan con las transferencias del canon y regalías mineras que no invierten adecuadamente para satisfacer las demandas sociales. Sin ir muy lejos, en lo que va del año, solo habrían ejecutado el 20% de sus presupuestos. Eso es menos de la mitad de lo previsto.  

Las tensiones en la provincia de Islay por el proyecto cuprífero Tía María ponen en evidencia que los conflictos relacionados con la minería siguen siendo un peligro inminente.  

En momentos como estos es más necesario que nunca que el Gobierno Central trabaje de la mano con los gobernadores regionales y alcaldes para acelerar la inversión pública.  

Un mayor avance en su ejecución tiene el potencial de cambiar el rostro a varias zonas mineras sumidas en el atraso y la pobreza. Haciendo bien la tarea, ello podría contribuir a desactivar verdaderas bombas de tiempo.

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