El sistema previsional ocupa, como era previsible, un lugar importante en la mayoría de los planes de gobierno rumbo a las elecciones del 2026. Los retiros han debilitado el sistema y han reducido la pensión futura de los ciudadanos. La ley de modernización aprobada en el 2024 está en implementación y si bien traerá cambios positivos (pensión mínima, más competencia, etc.), hay espacio para fortalecer y mejorar. Al revisar en detalle los planes de gobierno publicados por 10 partidos políticos (los primeros en las últimas encuestas) se ven importantes diferencias.
Un primer indicador de prioridad es simple: qué tanto se habla del tema. El análisis de frecuencia de palabras muestra diferencias relevantes. Fuerza Popular, Ahora Nación, Somos Perú y Podemos Perú mencionan reiteradamente términos como “pensiones”, “previsional”, “adultos” u “ONP”, lo que sugiere mayor centralidad del tema en sus planes. Al otro extremo, Renovación Popular prácticamente no menciona estos conceptos. Perú Libre y Juntos por el Perú recurren con frecuencia a nociones generales como “solidario”, pero no desarrollan el sistema previsional como política pública específica. Lo que no se nombra, difícilmente se prioriza.
Las diferencias no son solo de énfasis, sino de enfoque. Algunos partidos plantean transformaciones estructurales hacia sistemas públicos y solidarios; otros proponen ajustes graduales dentro del esquema actual de capitalización individual. Más allá de la orientación ideológica, el problema es transversal: la mayoría de las propuestas se quedan en el plano declarativo. Se habla de pensiones dignas, cobertura universal o fortalecimiento del rol del Estado, pero rara vez se explican los instrumentos, los plazos o condiciones de implementación. Se plantea el capital semilla, por ejemplo, como gran solución (que personalmente creo que tiene mérito), pero ni se costea ni se explica que la medida solo beneficia a peruanos que aún no han nacido.
Hay, eso sí, un punto de coincidencia que merece ser resaltado. Ninguno de los planes propone utilizar los fondos previsionales para fines distintos a la pensión. Tras múltiples retiros extraordinarios aprobados por el Congreso en los últimos años, este silencio es una buena noticia. Recuperar la lógica de largo plazo del ahorro previsional es condición necesaria para cualquier reforma seria.
El mayor vacío aparece al final del análisis. Ningún plan de gobierno explica de manera clara cómo se financiarían sus propuestas previsionales. Los partidos que prometen cambios profundos no discuten costos, fuentes de financiamiento o mecanismos de transición. Aquellos que priorizan la sostenibilidad fiscal optan por no ampliar derechos ni cobertura. El resultado es un debate incompleto: abundan las consignas sobre justicia social o responsabilidad individual, pero falta la pregunta central de toda política pública seria —quién paga, cuánto cuesta y bajo qué reglas—. Si el próximo gobierno quiere recuperar la confianza ciudadana en el sistema previsional, deberá ir más allá de las promesas de campaña y asumir que sin números, plazos y financiamiento explícito, incluso las mejores intenciones se quedan en el papel.
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