Y sucedió otra vez. La semana pasada, Perú entró nuevamente en una situación de inestabilidad política extrema. La finalización súbita y abrupta de un mandato presidencial, ya sea por una vacancia o una renuncia forzada, es un evento sumamente grave que genera incertidumbre al afectar negativamente la institucionalidad, gobernabilidad y economía del país. En particular, según lo que manifiestan algunos expertos en Derecho Constitucional, la figura jurídica de la “vacancia por incapacidad moral” existe desde la Constitución de 1834 y se ha mantenido, con matices, en las que vinieron después. Pero su uso, hasta antes de 2017, había sido muy esporádico (por ejemplo, los casos de José de la Riva Agüero en 1823, que antecede a lo establecido explícitamente en la Constitución de 1834, y de Guillermo Billinghurst en 1914; posteriormente, Alberto Fujimori en el año 2000). Lamentablemente, desde hace ocho años, las interrupciones de los mandatos presidenciales se han convertido en relativamente rutinarios.
Usualmente, cuando se observan eventos de inestabilidad política, las primeras variables en reaccionar son las financieras. Sin embargo, en el episodio de la semana pasada no vimos mayor afectación. De hecho, al día siguiente de la vacancia de Dina Boluarte, la moneda peruana se depreció 0,5%, una variación menor a lo observado con otras monedas de la región que retrocedieron entre 1% y 2%. Al parecer el factor que estuvo detrás de este debilitamiento de las monedas regionales fue externo (el anuncio una posible elevación de los aranceles al 100% para China por parte de la administración norteamericana). Pasado este evento, el sol peruano se ha mantenido relativamente estable, posiblemente porque no se perciben cambios disruptivos en la conducción económica.
Pero la constante inestabilidad política puede elevar, de manera persistente, la incertidumbre sobre el contexto bajo el que se toman decisiones de inversión, consumo y financieras debido a que “las reglas del juego” pueden cambiar abruptamente. Con seguridad, la inestabilidad política es una de las razones por las que nuestro crecimiento potencial se ha desacelerado marcadamente en los últimos años, pasando de un 6,5% hacia el 2013 a uno alrededor de 3,0% actualmente.
En un entorno de incertidumbre, las empresas tienen menos predisposición para invertir debido a la reducida visibilidad sobre las variables que toman en cuenta al momento de realizar una ampliación del negocio. Del mismo modo, las familias pueden decidir posponer la compra de bienes durables o una vivienda si la inestabilidad les genera incertidumbre sobre los ingresos futuros con los que piensan contar para hacer estas compras. Finalmente, en un entorno de volatilidad política es probable que se eleve la prima de riesgo, lo que encarece los costos financieros. Así, la inestabilidad política como fuente de incertidumbre es muy perniciosa para el crecimiento económico.
Siempre se señala que se requieren reformas económicas para relanzar el crecimiento. Y con seguridad, son necesarias. Pero debemos pensar también, y de manera prioritaria, en reformas institucionales que generen un sistema político estable, predecible, que garantice la gobernabilidad y reduzca la incertidumbre. Si estamos de acuerdo en que una economía de mercado es un magnífico vehículo para generar prosperidad para todos, debemos recordar también que su adecuado funcionamiento requiere de instituciones sólidas que incluyen un sistema político funcional con el bienestar social.
WUF
