El cebiche mínimo vital, por Alfredo Torres
El cebiche mínimo vital, por Alfredo Torres
Santiago Dávila Philippon

En las últimas dos semanas se ha promulgado en “El Peruano” una serie de disposiciones de organismos públicos que establecen y precisan sus escalas de sanciones y multas. Si uno revisa las leyes constitutivas de estas entidades públicas, observa sendos capítulos que desarrollan el “procedimiento sancionador”, es decir, cómo y cuánta multa vas a pagar si infringes la norma. 

Al mismo tiempo, es poco o nulo lo que se dedica en estas normas a las actividades de promoción o prevención de infracciones. El Estado se preocupa más por sancionar que por prevenir que no se cometan las infracciones. ¿Por qué?

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Hay al menos cuatro razones. La primera tiene que ver con que las multas se quedan para la entidad, con lo que resultan ser una fuente más de financiamiento. Incluso algunas veces las multas son la fuente principal de financiamiento. 

Esto no necesariamente es malo si la entidad emplea el ingreso de las multas para dar remedio al problema que originó que se pongan en primer lugar. Sin embargo, hay entidades públicas que utilizan las multas para hacer actividades que no constituyen el ‘core’ de su misión.

Así, utilizan este ingreso no corriente para engrosar la planilla de la entidad, realizar viajes o efectuar inversiones cosméticas en infraestructura física, que no mejoran sustantivamente el servicio que prestan a la gente. 

La segunda razón tiene que ver con las características de las multas en comparación con los programas de prevención y promoción. Mientras las multas son un ingreso para la entidad, los programas de prevención y promoción traen desembolsos. En verdad, se tratan de una inversión para la sociedad, pero para quienes dirigen las entidades públicas son más bien un “gasto” que no quieren realizar.

La tercera razón tiene que ver con que el resultado de los programas de prevención y promoción se ven en el largo plazo, mientras que las multas son observables y, dependiendo del caso, cobrables en corto plazo.

Quienes dirigen las entidades públicas y tiene cargos que en general son de corto plazo, sujetos a los vaivenes políticos, no tienen los incentivos de invertir en actividades de prevención, porque no verán los resultado en su gestión.

Finalmente, un multa alta es sinónimo de publicidad, ya que suelen tener buen rebote en la prensa. Así, resulta demasiado tentador para un funcionario público desconocido, hacerse notar, repartiendo multas a diestra y siniestra. Estas son las razones por las que tenemos un Estado sancionador en vez de un Estado promotor. Una lástima.

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