En 2025, el trabajo informal se ubicó en 70% según el último reporte de empleo a nivel nacional del INEI, registrando una caída minúscula de apenas 0,7% con respecto a 2024. Esto da cuenta de la poca sensibilidad que tiene la informalidad frente al crecimiento económico.
La informalidad se concentra principalmente en unidades productivas de menor escala. Por ejemplo, en empresas de hasta 10 trabajadores, 9 de cada 10 laboran informalmente. A su vez, el tejido empresarial está altamente atomizado: según el INEI, de los 3,3 millones de empresas registradas en 2024, el 96% son microempresas. Para el nivel de desarrollo que tiene, al menos medido por su PBI per cápita, Perú destaca largamente por el exceso de informalidad laboral y presencia de microempresas, incluso en comparación con países de la región.
Detrás de esto se encuentran causas estructurales, como la baja productividad, que impide a los agentes asumir los costos de la formalidad, pero también errores en el diseño de la política pública que introducen incentivos a las empresas para permanecer pequeñas y no contratar mano de obra formal. Estos errores toman la forma de umbrales regulatorios que generan saltos discontinuos en el costo de aumentar la escala de operaciones.
Este es el caso de la regla de distribución de utilidades, que exige a las empresas de más de 20 trabajadores distribuir hasta el 10% de las utilidades. Esta disposición implica que contratar al trabajador 21 trae consigo un aumento discontinuo, abrupto, del costo económico que enfrenta la firma. Por ello, para evitarlo muchas prefieren mantener una planta por debajo del umbral o trasladar parte de su fuerza laboral a arreglos informales.
Algo similar ocurre con los regímenes tributarios, como el Nuevo Régimen Único Simplificado (NRUS), que es un monotributo de entre S/20 y S/50 mensuales dirigido a pequeños negocios con ventas de hasta S/96 mil por año. El NRUS permite que algunos empleadores mantengan relaciones de subordinación informal con trabajadores bajo una apariencia de cumplimiento tributario ante Sunat. También es el caso del Régimen Especial de Impuesto a la Renta (RER), que permite pagar un IR de 1,5% de los ingresos netos para negocios con ventas de hasta S/525 mil anuales. Este régimen, al estar basado en ventas, no genera ningún incentivo a formalizar a los trabajadores debido a que no permite deducir gastos de personal, como sí lo hace el régimen general. Ambos regímenes, que son menos exigentes que el régimen general, generan incentivos en las empresas a mantener escalas por debajo de los umbrales críticos y no contratar mano de obra formal.
Estos son sólo ejemplos, pero errores similares existen en otros ámbitos. El resultado es un sistema que no acompaña el crecimiento empresarial, sino más bien lo penaliza y desalienta la formalización del empleo. Por ello, debería ser prioridad del nuevo gobierno corregir estos errores, eliminando los umbrales y transitando hacia esquemas más graduales, que eviten reglas discontinuas que distorsionen las decisiones de los agentes. Tal vez así mayor crecimiento podrá traducirse en una mayor formalidad laboral.
