La semana pasada, el Congreso aprobó la ley de reforma del sistema de pensiones. Esta ley contiene algunos aspectos que están en línea con los objetivos generales que persiguen los sistemas previsionales: cobertura y un nivel de pensiones que contribuya a sobrellevar la vejez. Pero también contiene algunas iniciativas que podrían mejorarse y se requiere una mayor transparencia sobre el esfuerzo fiscal que su implementación demandará.
Entre los aspectos favorables que podrían ampliar la cobertura y asegurar un uso previsional de los fondos cabe señalar: (i) la prohibición de retiros de fondos acumulados en el Sistema Privado de Pensiones, y (ii) restringir el retiro del 95,5% del fondo acumulado al momento de la jubilación a personas que, al entrar en vigencia esta ley, sean mayores de 40 años. Aquí se deben reforzar los candados legales que garanticen hacia adelante la intangibilidad de estos fondos, y evitar que, mediante otra ley, se disponga de estos.
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Otros aspectos interesantes a destacar son la creación de una pensión mínima (un componente redistributivo, sobre el que la sociedad parece estar de acuerdo, pero que debe ser fiscalmente sostenible) y la transición hacia cuentas nocionales en la ONP (lo que permitirá, en el futuro, vincular la pensión obtenida en el sistema público al esfuerzo de ahorro individual y depender menos de la tasa de dependencia y de las transferencias del Tesoro).
La ley también contempla la posibilidad de ajustes en la edad de jubilación, los que considerarán la longevidad, lo que debería atenuar los impactos de las tendencias demográficas que serán retadores en un futuro cercano.
Entre los elementos que han generado mayor debate está la “pensión por consumo”, mediante la que se reembolsa, en un fondo individual, el equivalente al 1% de los gastos que realice una persona por canales formales. Esta iniciativa es costosa y regresiva (favorece, principalmente, a las personas de ingresos más altos que, además, son las que compran más en establecimientos formales), por lo que se debe ajustar la propuesta o focalizar mejor el uso de estos recursos públicos sobre ciudadanos menos favorecidos.
Asimismo, se requiere más claridad sobre el costo fiscal que las iniciativas contempladas en la ley implicarán en los próximos años.
Según un informe de la Comisión de Economía del Congreso, el costo promedio anual ascenderá a unos S/4.700 millones en los primeros diez años (lo que equivale a 0,4% del PBI), de los cuales S/2.000 millones corresponden a la devolución de los pagos por consumo (menor recaudación por IGV).
Sin embargo, según este informe, se anticipa que habrá una recuperación de la recaudación por IGV, que compensará largamente la reducción inicial, porque la gente tendrá incentivos para consumir en puntos de venta formales. En cualquier caso, se necesita que entidades independientes, como el Consejo Fiscal, puedan reproducir las simulaciones y se pronuncien sobre la sostenibilidad de estas propuestas antes de que el gobierno se embarque en un gasto, no menor y permanente.
El país viene retrocediendo, de manera alarmante, en seguridad previsional, una bomba de relojería que impactará negativamente sobre las generaciones futuras. Esperemos que esta ley sea el inicio de una reversión de esta situación y que, por fin, se busquen soluciones responsables para garantizar un nivel adecuado de protección durante la vejez.
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