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Regulación, competencia e informalidad, por Eduardo Morón

“En estos tiempos de control de fusiones, hay un espíritu pro competencia en la mayoría de nosotros”, refiere el presidente de Apeseg

Informalidad

Todos nosotros hacemos viable o no esas empresas cada vez que les compramos algo. Como consumidores, también podemos ser parte del problema o de la solución. (Foto: USI)

Todos los días vemos el impacto de múltiples recetas regulatorias. Las autoridades escriben frenéticamente reglas, disposiciones con la secreta esperanza de que todos nosotros les vamos a hacer caso. A veces, porque tiene todo el sentido del mundo (por ejemplo, no pasarse una luz roja); otras porque tememos a una multa; y otras porque la multa tiene el carácter de una sanción social, y en tiempos donde cada hecho puede ser viralizado, a veces eso basta para actuar correctamente.

Lo cierto es que más allá de si somos o no sancionados por nuestros pecados regulatorios, es importante analizar cuáles son los impactos de esas normas que alguna autoridad ha considerado suficientemente importantes como para publicarlas y hacerlas de carácter obligatorio para los ciudadanos de esta república.

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La primera reflexión va por el lado de la competencia. En estos tiempos de control de fusiones, hay un espíritu pro competencia en la mayoría de nosotros. Lo que queremos como consumidores es ser bien servidos, al precio correcto y con oportunidad. Para ello, creo que la gran mayoría piensa que la mejor manera de hacerlo es dejar que muchas empresas compitan por nuestra atención y presupuesto familiar. Ya sea que estemos hablando de una entrada al cine, o de la educación de nuestros hijos.

Sin embargo, cada regulación tiene un doble efecto. Por un lado, fija un estándar de servicio que a veces es razonable, pero otras puede ser excesivo. Pero por otro lado, crea una barrera a esa competencia que tanto exigimos. Imagínese que cada municipalidad exigiera, por una preocupación de la seguridad de sus clientes, que todo restaurante no solo debe contar con extinguidores en caso de incendio, sino que debe instalar detectores de humo y rociadores de agua. Ese es un estándar de servicio mucho más alto que el que solemos observar, pero tiene el efecto de que si fuese debidamente exigido, estaríamos forzando a que un inmenso número de establecimientos deba cerrar. La razón es muy simple: hemos puesto un costo fijo que, para solventarlo, necesitamos tener una escala del negocio en términos de ventas al mes suficientemente grande.

Claramente, el problema de esos restaurantes pequeños no es la falta de capacitación de sus mozos o chefs. Ellos pueden ser lo mejor del mercado, ese no es el problema. El problema es que para que los costos fijos (los que pagarás vendas mucho o nada) sean irrelevantes se necesita un volumen de ventas muy grande.

La segunda reflexión cuando pensamos en cómo estamos tratando de combatir la informalidad se cae de madura. Nadie quiere que la solución implique aceptar malos estándares de servicio (por ejemplo, terminales informales como el de Fiori). La solución implica pensar que la regulación que estamos poniendo, en lugar de incentivar a que nuestras empresas formales sean más grandes, está incentivando la creación de muchas pequeñas empresas informales, de las que ninguna es capaz de pagar los costos fijos de esas reglas que marcan un estándar de servicio formal.

Finalmente, recordemos que todos nosotros hacemos viable o no esas empresas cada vez que les compramos algo. Como consumidores, también podemos ser parte del problema o de la solución

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