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La sábana corta, por Juan Carlos Odar

“La idea [de esquema de protección social impulsado por Hugo Ñopo] no deja de ser atractiva. Pero si entramos a los detalles, tal vez nos decepcionemos”, precisa el editor de Economía y Negocios 

Fondos de pensiones crecieron en 2016 en medio de volatilidad

Como escribí la semana pasada tras conversar con él, Hugo Ñopo está difundiendo una propuesta mediante la cual parte del monto de Impuesto General a las Ventas (IGV) que uno haya pagado al realizar una transacción sea destinada a un fondo que le sirva para financiar su pensión durante la vejez. Esta idea no es suya, sino que la tomó (y lo dice) de los trabajos de Santiago Levy para México (y que, con diferencias sobre cómo se constituyen los fondos, también ha esbozado Pablo Bustamante). Cabe decir para que no queden dudas que Ñopo no se atribuye pero sí impulsa esta propuesta.

Y es que la idea no deja de ser atractiva. Pero, si entramos a los detalles, tal vez nos decepcionemos. Por ejemplo, según mis propios cálculos, una persona con un ingreso mensual de S/1.500, que consume el 80% de su ingreso y que obtiene una rentabilidad real anual de 7%, podrá obtener, con sus consumos realizados entre los 20 y los 65 años y destinando un punto de IGV de sus compras a su fondo, una renta vitalicia equivalente a S/181. Esto le daría una tasa de reemplazo (es decir la pensión obtenida como fracción del ingreso obtenido durante la etapa laboral) de 12,1%. Si se quisiera alcanzar por ejemplo una tasa de reemplazo de 40%, entonces deberían destinarse con fin previsional 3,3 puntos del IGV que la persona haya pagado.

Un punto de IGV equivale hoy a 0,45% del PBI, monto que, en línea con la recuperación prevista en el más reciente Marco Macroeconómico, podría llegar a 0,5% del PBI en los próximos tres años. Así, 3,3 puntos del IGV equivaldrían a entre 1,47% y 1,66% del PBI. Al asignar estos recursos, dada la existencia de déficit fiscal, ello implicaría –desde el punto de vista del Estado– la necesidad de buscar otras fuentes de ingreso (¿Subir la tasa de IGV? ¿Mantener la tasa pero eliminando exoneraciones? ¿Subir otros impuestos?), limitar la expansión del gasto público o complementar la formación de ahorro previsional con otros esquemas (por si se lo pregunta, dedicar a este fin una fracción de los gastos realizados en electricidad o telefonía tampoco eleva significativamente la tasa de reemplazo).

Esto es solo el promedio. Las personas de menor ingreso no solo destinan la mayor parte de su consumo a bienes que no pagan IGV, sino que incluso es más probable que los adquieran en establecimientos informales. Y quienes autoconsumen en el sector rural por definición no aportarán recursos a su fondo por una serie de transacciones que ni siquiera realizan. ¿Debería entonces coexistir un programa como Pensión 65 focalizado en el segmento rural con el nuevo régimen planteado?

Así, aunque la discusión sobre el tema oficialmente ni siquiera empieza, se hace evidente que –en las condiciones actuales– los recursos son escasos para cubrir todo y que la solución al problema de las bajas pensiones aun dista de estar resuelto aplicando el esquema presentado (o de que su aplicación podría generar otros). Ésta es entonces (y desde luego, no me atribuyo la frase) una sabana corta.

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