(Foto: Anthony Niño de Guzmán)
(Foto: Anthony Niño de Guzmán)

El 26 de mayo ocurrió un de magnitud 8 en la escala de Richter en . La prensa mostró fotos de carreteras agrietadas y de derrumbes que habían afectado la circulación en la zona. En estos eventos, la preocupación inmediata de la población es qué tan rápido se podrá recuperar la infraestructura afectada.  

Si las carreteras involucradas hubieran estado concesionadas al sector privado, contarían, por obligación contractual, con un seguro que permitiría rápidamente solucionar los estragos causados por el sismo. 





El organismo supervisor del contrato se encarga de exigir la pronta ejecución de estas obras. Las carreteras administradas por el Estado usualmente no cuentan con este seguro. En el caso de estas vías, para poder repararlas, es necesario iniciar un proceso de asignación presupuestal al sector correspondiente para que cuente con los recursos para realizar la obra.  

Luego realizar un concurso público para seleccionar el constructor, etc., etc. Esta selección puede ser impugnada. Estos procesos demoran. Adicionalmente, este sismo ocurre en un contexto de déficit fiscal, por lo que incrementa la presión de gasto del gobierno.  

Pero existen otros mecanismos para que el gobierno pueda protegerse de desastres naturales. Son los seguros paramétricos, o también llamados bonos catastróficos. Estos seguros son un contrato por el cual se activa automáticamente el pago (la indemnización) cuando un índice fácilmente observable, y que está estrechamente vinculado con el daño, sobrepasa cierto límite establecido (específico).  

Se requiere la existencia de un parámetro o índice que se reporte regularmente, que sea fácilmente medible y elaborado por instituciones reputadas e independientes. Por ejemplo, la magnitud de un sismo, la cantidad de mililitros de lluvia por día, la velocidad del viento, la temperatura del mar, etc. Si se registra un sismo de magnitud 7 o mayor, el seguro desembolsa automáticamente y sin cuestionamientos una cantidad prepactada para que el gobierno pueda enfrentar la catástrofe.  

Para estos seguros no existe la necesidad de un peritaje de daños, no incluye deducibles y cubre el lucro cesante generado por el siniestro.

Estos seguros son cada vez más frecuentes y se emplean tradicionalmente para enfrentar desastres como huracanes, sismos o lluvias excesivas. En el campo agrícola pueden incluir heladas, sequías o incendios forestales. En un contexto donde el Perú es uno de los 10 países del mundo más vulnerables al cambio climático, lo que es ahora Financiera Confianza compró en el 2012 un seguro para protegerse del fenómeno de El Niño.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estimó que El Niño de 1982-83 costó 7% del PBI al Perú y 5% en 1997. En el Perú están disponibles seguros paramétricos para temas agrícolas desde hace casi 20 años.  

Una adecuada gestión de las contingencias del Estado Peruano debe incluir entre sus opciones este tipo de seguros para enfrentar todo tipo de desastres.