No tropecemos con la misma piedra, por Alonso Segura [Opinión]

Las proyecciones de crecimiento económico para el 2017 han sufrido recortes significativos, rompiendo la trayectoria de aceleración de los últimos dos años. Como respuesta, se plantea un impulso a proyectos de infraestructura. Sin embargo, no solo el “qué” es relevante, pues considerando la magnitud de los escándalos de corrupción que están saliendo a la luz, el “cómo” se logrará este mayor impulso es de fundamental importancia.

Cambios a marcos normativos e institucionales en el sector infraestructura se han justificado en tres motivos: eliminar trabas, acelerar los proyectos y dar autonomía a Pro Inversión. A priori esto suena razonable, pero el diablo está en los detalles. En columnas previas (¿Que en paz descanse el SNIP?, La cruzada del destrabe, ¿APP o vale todo?), he sustentado críticas a varios de estos cambios. Voy a referirme ahora a los incentivos que algunos de ellos −hay muchos más− podrían generar, y a su efecto adverso sobre la calidad de los proyectos y la incidencia de la corrupción.

Hechos ya comprobados últimamente muestran que exonerar proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), so pretexto de acelerarlos, generó un entorno propicio para la corrupción. A la luz de los hechos, hoy ya pocos se atreverían a proponer exoneraciones de este tipo. Sin embargo, Invierte.pe, reemplazo del SNIP, debilita sustancialmente la fase de estudios y le quita al Ministerio de Economía y Finanzas el rol de verificar que exista el debido sustento en proyectos cuyos costos o características se desvíen sustancialmente de lo inicialmente aprobado. ¿Bajar estándares justo ahora es acaso razonable? Lo que se requiere es seguir fortaleciéndolos.

Existe también amplia evidencia de que uno de los principales problemas de las asociaciones público-privadas (APP) es que los proyectos salen “crudos” de Pro Inversión. Eso se analizó profundamente durante la elaboración del D.Leg. 1224, o nueva ley de APP del 2015, que generó instrumentos para fortalecer la fase de diseño de los proyectos. Dos consecuencias de promocionar proyectos crudos tomando atajos es que salen con costos y riesgos escondidos para el Estado, y conducen a la proliferación de adendas de las prevenibles, que terminan generando aun mayores retrasos y pueden facilitar la corrupción. Sin embargo, pese a que por práctica internacional, diseñar y adjudicar APP toma no menos de dos años, el gobierno propone “acelerarlas”. Esta receta, ya conocida, no funciona. 

En esa línea, las iniciativas privadas cofinanciadas (IPC) son un tipo de APP en que un privado propone un proyecto y es el encargado de formularlo. El Estado solo acompaña el proceso. Si se declara de interés, pasa a una ventana de concurso. Sin embargo, el proponente tiene una enorme ventaja de información. El D.Leg. 1224 amplió el plazo de esta ventana de 90 a 150 días, para permitir procesos competitivos. Ahora el gobierno la ha recortado nuevamente a 90 días. ¿Cuál va a ser el resultado? Proyectos adjudicados prácticamente a dedo, que no le permitan al Estado generar el valor por dinero derivado de la competencia.

También se ha recompuesto el consejo directivo (CD) de Pro Inversión, incorporando directores privados. El CD participa de la decisión de qué, cómo y cuándo se adjudican los proyectos a inversionistas privados. Si se quería mayor retroalimentación con el sector privado, eso se podía lograr a través de una redefinición del Ceplan, o de la creación de un consejo consultivo, dentro o fuera de Pro Inversión. En un sector de infraestructura (concesionarias y constructoras, estudios legales, árbitros, consultoras, académicos-consultores) tan pequeño como el nuestro, ¿dónde se va a encontrar personas con conocimiento profundo de APP que no tengan conflictos de intereses? Y sobre la autonomía de Pro Inversión, basta ver recientes nombramientos en sus comités para comprobar que es puro verso. 

El gobierno ha declarado su decisión de luchar contra la corrupción en el sector de infraestructura. Haría bien en revisar decisiones adoptadas en los últimos meses, si quiere evitarnos a todos sorpresas desagradables.