¿Un nuevo MEF?

Son precisamente los espacios de diálogo, intercambio de ideas e iniciativas entre el sector público y el privado los que finalmente pueden terminar generando valor, en la medida en que las propuestas consensuadas, no terminen en meras buenas intenciones sino plasmadas en realidad.

La iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de establecer mesas de diálogo con los concesionarios de las principales infraestructuras públicas del país y, en general, con el sector privado, es loable, ya que busca tender puentes entre dos sectores que, principalmente por la sombra de la corrupción del pasado, se han distanciado. Tenemos que volver a construir esa relación de confianza que nos permita avanzar y trabajar de manera conjunta, ya que, finalmente, nuestro objetivo es común: atender a nuestros usuarios brindándoles un servicio que sea útil, de calidad y que agregue valor.

Uno de los temas estructurales en estas mesas fue la necesidad de firmar adendas que permitan a las concesiones, imbuidas en entornos cada vez más dinámicos y donde la constante es el cambio continuo, adaptarse a los mismos. Los contratos no pueden ser estáticos, sino más bien perfectibles, como respuesta a una realidad cada vez más volátil. Asimismo, es imposible que un contrato, más aún uno de largo plazo, contemple todos los escenarios posibles. Por ende, llenar esos vacíos es fundamental.

Es cierto que las adendas han estado rodeadas de un halo de favoritismo u oportunismo de algunas empresas concesionarias, pero eso no es justificación para paralizar todo un proceso de negociaciones contractuales, en la medida en que cada negociación se haga de una forma transparente y con los sustentos pertinentes que justifiquen el beneficio de todas las partes involucradas, principalmente de los usuarios finales.

Otra de las preocupaciones expresadas es la creciente “burocracia”, hija de la excesiva regulación, la cual, aunada al temor de los funcionarios públicos a tomar decisiones que pudieran no estar alineadas con el criterio de la Contraloría, genera un efecto catatónico en el desarrollo de los proyectos de infraestructura pública, esenciales para mejorar la productividad, la conectividad y propiciar la integración de los mercados.

Pero la parálisis mencionada no solo tiene como impacto un costo de oportunidad al retrasar la ejecución de estos proyectos y su disfrute en beneficio principalmente de sus usuarios, sino que, adicionalmente, es el punto de partida de una serie de controversias que terminan resolviéndose en arbitrajes cuyo costo, en su mayoría, es pagado por todos los peruanos.

La confianza se genera a través de actos recíprocos, bajo los cuales ambas partes actúan en línea con sus obligaciones. Que esta apertura al diálogo y este reciente shock desregulatorio, así como los subsecuentes, sean el comienzo de un nuevo capítulo que permita dinamizar la economía y estrechar nuevamente estos lazos de cooperación entre el sector privado y público, y que, sobre todo, trascienda gobiernos.