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Lo que no vemos del presupuesto, por Caroline Gibu

“Bien haría el MEF en publicar en datos abiertos los anexos de la ley de presupuesto, así como los de la versión posterior aprobada por el Congreso”, opina la directora ejecutiva de Ciudadanos al Día

Congreso de la República

El pleno del Congreso en su debate de la Ley de Presupuesto para el 2018. (Foto: Juan Ponce / El Comercio)

El Comercio

Según la encuesta Lima Cómo Vamos 2017, el 43% de encuestados en Lima considera que los gobiernos municipales deben financiarse con los dineros que les transfiere el Gobierno Central. Pero, ¿cuánto sabe realmente la ciudadanía sobre cómo funciona el presupuesto público y cómo se generan esas transferencias desde el Gobierno Central a gobiernos regionales y locales? ¿Cómo y quién toma la decisión de cuánto se debe transferir y para qué?

Hoy los peruanos tenemos a disposición gran cantidad de información respecto del presupuesto público a través de las páginas webs del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y del Congreso de la República.

Con todo, aún no existen instrumentos que permitan generar mayor conocimiento sobre cómo se toman las decisiones respecto a la distribución de los recursos desde el gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Ello genera desconfianza y prejuicios por falta de información y comprensión del proceso, y puede dar pie, incluso, al uso indebido del cargo y tráfico de influencias para que determinado proyecto sea incluido en el presupuesto del año.

Por ello, no solo basta tener mecanismos que muestren montos probados y a gastar, sino que los ciudadanos requerimos más  predictibilidad y participación en los procesos presupuestarios.

Como primer paso, bien haría el MEF en publicar en datos abiertos los anexos del proyecto de ley de presupuesto, así como los anexos de la versión posterior aprobada por el Congreso, acompañada de una explicación estructurada de los cambios. Algunos anexos alcanzan hasta 400 páginas en formato PDF, pero con lectura acuciosa se pueden identificar cambios en la distribución del gasto por ámbito departamental entre el proyecto de ley, la ley aprobada y lo que finalmente se asigna a cada departamento para ejecutar en un año (el presupuesto institucional modificado o PIM).

Así, por ejemplo, si comparamos el proyecto de ley y el presupuesto a ejecutar en el 2018, el departamento de Tumbes logra un incremento presupuestal de S/100 millones (19,8% más para proyectos en Tumbes de instituciones del gobierno nacional; 5,97% más para el gobierno regional; y 0,36% más para los gobiernos locales). ¿Qué explica este incremento?

Es posible que dichos cambios sean producto de un diálogo entre los distintos actores del Ejecutivo nacional y regional, sustentados con argumentos válidos e íntegros que posibilitan la mejora de la asignación del gasto. Sin embargo, para la mayor parte de los ciudadanos, este cambio es oscuro e invisible, quedando en el imaginario la posibilidad de negociación indebida.

Por ello, un segundo paso es otorgar mayor participación ciudadana y rendición de cuentas a dichas decisiones. Gobiernos como Georgia ya han dado pasos en esa línea, creando plataformas participativas y espacios de diálogo para romper con el monopolio de la información en la toma de decisiones y hacer más transparente y predecible la asignación presupuestal.

Implementar este tipo deacciones debe ser la consigna para quienes realmente desean combatir la corrupción.

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