La Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (ADI Perú), junto al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), alcaldes, colegios profesionales, otros gremios empresariales y universidades, firmaron el “Pacto por una Vivienda Digna”.
Este convenio busca facilitar a las familias de bajos recursos el acceso a viviendas formales con servicios de calidad, con el objetivo primordial de cerrar la brecha habitacional en el país.
“Desafíos de esta magnitud, como reducir el déficit de vivienda que existe actualmente en el Perú, requieren que todos los sectores de la sociedad se comprometan y trabajen de la mano. Estamos contentos de que además del Ministerio de Vivienda, burgomaestres de diversos distritos de Lima y del interior del país también apuesten por las Viviendas de Interés Social”, indicó Antonio Amico, presidente de ADI Perú.
Durante la firma del acuerdo, la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, anotó que el déficit habitacional es de 1.8 millones de viviendas, pero cada año esta cifra se incrementa alrededor de 142 mil viviendas, aproximadamente; sin embargo, sólo se generan 90,000 viviendas formales en promedio.
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“Con ese fin, el pasado 13 de setiembre de este año se dio un paso importante con la aprobación del Reglamento de Vivienda de Interés Social (VIS), que brinda seguridad jurídica y marca un antes y un después en la construcción de viviendas sociales. El Reglamento VIS reconoce las competencias municipales en la zonificación y alturas de las edificaciones, pero promueve el desarrollo de proyectos de vivienda social”, indicó Pérez de Cuéllar.
Compromisos del pacto
El acuerdo establece compromisos cruciales para garantizar y hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, adecuada y segura. Esto se llevará a cabo mediante la asignación presupuestaria suficiente por parte del Poder Ejecutivo, priorizando a la población en situación de pobreza extrema y vulnerabilidad social, en armonía con el desarrollo planificado de nuestras ciudades.
Además, se buscará crear condiciones de certeza jurídica que incentiven la participación e inversión del sector privado en proyectos de viviendas, contribuyendo así a la reactivación económica que nuestro país necesita con urgencia.
Otro compromiso es la colaboración conjunta en acciones contundentes contra la corrupción y las redes de traficantes de tierras, factores que obstaculizan el acceso de nuestra población a viviendas dignas, adecuadas y seguras, entre otras iniciativas acordadas.
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